LA BUFADORA
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Cuchillito de palo
¿Y quién paga los espectaculares en Tijuana?
ENSENADA BC 15 DE OCTUBRE DE 2025.- Ningún ciudadano ensenadense medianamente informado puede hacerse el sorprendido o indignarse por las declaraciones que hizo el todavía tesorero municipal Víctor Manuel González Verduzco, quien durante la glosa por el primer informe de gobierno de la alcaldesa Claudia Agatón Muñiz, sólo confirmó lo que ya se sabía desde 2016: que el Ayuntamiento está en “quiebra técnica” por adeudos superiores a los 5 mil millones de pesos, además de tener sus participaciones estatales y federales retenidas para garantizar el pago de créditos adquiridos en anteriores administraciones.
Las deudas del gobierno municipal comenzaron a salirse de control hace más de dos décadas, pero fue en el trienio del priista Gilberto Hirata Chico (2013-2016), cuando su monto se incrementó de forma descomunal, pero el entonces Órgano Superior de Fiscalización del Estado, la sindicatura municipal y la Auditoría Superior de la Federación se limitaron a emitir “observaciones” por presuntas irregularidades, pero no hubo castigo para los responsables de provocar la bancarrota del Ayuntamiento.
Y este catastrófico escenario financiero ya lo sabían la propia Claudia Agatón Muñiz y los dirigentes del partido que la postuló a la presidencia municipal, porque la actual edil fue diputada local tres veces a partir de 2010 y hasta 2024, y a ella le correspondió revisar y aprobar las cuentas públicas de los ayuntamientos de Ensenada en su larga estadía como legisladora.
Por tal motivo, en este lamentable asunto muy pocos personajes de la clase política en el poder y de la oposición -que hoy se purifican en Morena- pueden lavarse las manos, porque en su momento se hicieron de la vista gorda y no dijeron nada, incluidos varios personajes -mujeres y hombres- que suspiran por contender a la alcaldía de Ensenada en el 2027.
Partidos locales
Representantes de partidos locales pidieron al Instituto Nacional Electoral (INE) interceder por ellos ante el gobierno federal para fortalecer su existencia en la inminente reforma electoral.
Durante un encuentro con consejeros, líderes de 18 fuerzas políticas en los estados afirmaron que tienen una “injerencia muy importante” en la vida democrática del país, pero no se valora, por lo que presentaron un documento con 14 propuestas.
Entre sus exigencias está reformar el artículo 41 constitucional para que los votos obtenidos en las elecciones de ayuntamientos sean los que cuenten para mantener su registro, no la votación a la gubernatura o diputación local, y si cuenta con ayuntamientos o diputaciones tengan acceso al financiamiento público.
También demandan una “coalición mixta”, que permita a los partidos políticos locales participar formalmente en las elecciones federales nacionales sin tener que fusionarse con ellos.
Incluso demandan tener una representación nacional que tenga un asiento ante el consejo general del INE y elevar su asignación de tiempos en radio y televisión.
También avalar que quienes se afilian a un partido a nivel nacional, puedan hacerlo a uno distinto a nivel local, y permitir que las reglas de financiamiento las diseñe cada estado.
Sin embargo, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, les aclaró que el organismo no participa en la comisión que diseñará la reforma electoral, pero llevarán su propuesta ante el gobierno federal.
Por su parte, la consejera Dania Ravel recordó los partidos políticos estatales gobiernan en 258 municipios, y tienen 57 diputaciones locales.
Por cierto, en Baja California el Partido Encuentro Solidario (PES) que dirige la familia Hank, es un caso de éxito, porque es el partido estatal que más financiamiento público recibirá en 2026 con 81 millones de pesos.
¿Desaparecerá?
Aunque el Congreso de Baja California aprobó por unanimidad la propuesta del diputado morenista Juan Manuel Molina García para exhortar al Senado de la República a que designe al magistrado que cubra la vacante que existe en el Tribunal de Justicia Electoral de la entidad, es posible que la Cámara alta no atienda tal petición hasta que se apruebe la reforma electoral que propone el gobierno federal, que entre otras cosas plantea la eliminación de los institutos estatales electorales, lo que eventualmente implicaría eliminar también a los tribunales locales en la materia, para que sólo opere el INE y las salas regionales por circunscripción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
La propuesta de Molina surge ante la conclusión del periodo de Jaime Vargas Flores, cuya gestión finaliza en el mes de noviembre del presente año.
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