TIJUANA BC 2 DE SEPTIEMBRE DE 2018 (AFN).- La Subprocuraduría de Zona en Tijuana, logró sentencia condenatoria de 70 y 50 años de prisión en contra de cinco personas, por su participación en la privación de la libertad de un joven, ocurrida el pasado 12 de agosto de 2016, al interior de una ferretería. 
 
Los sentenciados son Marco Antonio Herrera Sánchez, Erika Cruz Irra, quienes recibieron una sentencia de 70 años de prisión, en tanto que Edgar Carmelo de la Rosa Mendoza, Johana Altamirano Arellano y Gerardo Monterrubio Contreras, fueron sentenciados a 50 años de cárcel.
 
Los hechos establecen que Marco Antonio y Erika Sánchez llegaron al establecimiento comercial en compañía de dos hombres y una mujer, quien conducía una camioneta Suburban blanca,  los dos primeros solicitaron al joven un saco de cemento para después pedirle que lo subiera al vehículo señalado.
 
Fue ese instante que le privaron de la libertad, amagándolo con un arma de fuego, para posteriormente llevarlo a una casa de madera ubicada en las orillas del cerro del Ejido Javier Rojo Gómez, donde lo tuvieron cautivo por seis días, amarrado y vendado de los ojos.
 
Durante ese tiempo los captores se comunicaron con la familia para exigir el pago del rescate a cambio de su liberación, motivo por lo que los padres interpusieron la denuncia ante la Unidad Estatal de Atención al Delito de Secuestro, siendo hasta el día 17 de agosto de 2016 cuando se recibe una denuncia anónima y logran el rescate del joven.
 
De la investigación se pudo establecer que Gerardo Moterrubio, Erika Cruz y Marco Antonio, venían del Estado de México, con el único propósito de  realizar el secuestro, cobrar el rescate y regresar a su estado de origen, en tanto que Edgar Carmelo y Johana Altamirano, habían realizado trabajos de albañilería para la familia de la víctima, siendo estos últimos quienes otorgaron los datos sobre la familia para realizar el secuestro.
 
Tras llevarse este 22 de agosto el juicio por el delito de secuestro agravado, el tribunal emitió el fallo condenatorio en contra de los acusados por considerarlos culpables de dicho delito; por lo que además de las sentencias, deberán realizar la reparación del daño a las víctimas y el pago de las multas correspondientes.