Ensenada BC 9 de enero de 2015 (El Vigía).- Cuando intentaba cruzar hacia los Estados Unidos fue capturado Edgar Rafael Sánchez Doniz, uno de los dos hijos de un funcionario federal, presuntamente responsables de distintos accidentes vehiculares con resultados fatales.

Se trata del indiciado por presuntamente provocar un choque automovilístico durante la madrugada del 23 de mayo de 2014, en el que perdió la vida María Guadalupe Villalvazo López, de 46 años, y resultó gravemente lesionada María del Refugio Villalvazo López, de 47.

Los elementos probatorios recabados en la averiguación previa indican que el sujeto no respetó la luz roja del semáforo ubicado en el cruce de la avenida Reforma y calle Westman, lo que ocasionó que chocara contra una camioneta donde viajaban las víctimas, para después huir del lugar.

Marco Antonio Chavarría López, subprocurador de Justicia, informó que la detención ocurrió la tarde del pasado 7 de enero, en la garita internacional Tijuana-San Ysidro, a más de un mes después de que se giró la orden de aprehensión en su contra.

Elementos de la Unidad de Enlace Internacional de la Policía Estatal Preventiva (PEP), en coordinación con agentes de la Policía Ministerial del Estado (PME) adscritos al Grupo de Aprehensiones, cumplimentaron el mandato judicial.

Según comentó el funcionario, al parecer el individuo ya había viajado al país vecino después de que se dieron los hechos y regresado a Baja California recientemente; el aseguramiento también se dio gracias a los convenios de colaboración con los estados fronterizos mexicanos y con la Interpol.

Tras su captura, Edgar Rafael fue trasladado a este puerto por agentes ministeriales y estatales preventivos, para ser recluido en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Ensenada, a disposición del Juzgado Segundo de lo Penal.

Competencia del juez
Chavarría López explicó que el juez correspondiente determinará la situación legal de Sánchez Doniz, mediante el auto de formal prisión o inclusive la libertad bajo fianza, debido a que se trata de un ilícito por culpa y no doloso.

El subprocurador agregó que en base a su experiencia y por las características del caso, la autoridad competente le podría fijar un monto de aproximadamente 1 millón de pesos, por la muerte y lesiones ocasionadas.

De quedar preso para ser sometido a un proceso, al menos duraría un año tras las rejas hasta que sea sentenciado.