Denuncian a BC por tortura y desapariciones
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Denuncian a BC por tortura y desapariciones

Ciudad de México - sábado 13 de septiembre de 2014 - AFN.
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*.- Ante Corte Penal Internacional, por al menos cien casos ocurridos entre 2009 y 2012
*.- Grupos civiles acusan a elementos del Ejército y de la PEP
 
Ciudad de México 13 de septiembre de 2014 (AFN).- Grupos ciudadanos, principalmente de defensa de Derechos Humanos, denunciaron al gobierno de Baja California ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya; por presuntos casos de tortura y desapariciones de personas entre 2009 y 2012, por parte de elementos del Ejército y de la Policía Estatal Preventiva (PEP).
 
Por medio de un comunicado, se informó que la denuncia fue presentada con fecha del 12 de septiembre de 2014, "ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de La Haya", por parte de tres organismos: La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (Cmdpdh) y la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH).
 
En la denuncia se pide castigo "Por los crímenes de lesa humanidad en la modalidad de tortura, cometidos en Baja California, entre los años 2009 y 2012 por el Ejército y la PEP", según el referido documento.
Los organismos denunciantes presentaron a la Fiscalía "un informe sobre torturas, graves privaciones a la libertad y desaparición forzada (..); hechos (que) constituyen crímenes de lesa humanidad de competencia de la CPI".
 
"La comunicación fundamenta el carácter sistemático y generalizado de estos crímenes, que respondían a una política gubernamental, implementada por las autoridades militares, principalmente, y de cuerpos policiales a través del ataque a civiles, con el objetivo de presentar 'avances y logros' en la lucha contra el crimen organizado", señala el informe.
 
Estos crímenes, que se atribuyen a las fuerzas de seguridad en México, "no pueden quedar sin castigo”, señaló Karim Lahidji, presidente de la FIDH.
 
“La población de Baja California ha sufrido, en colectivo, el impacto de estos operativos en contra de los ciudadanos inocentes. Una investigación seria para llevar a juicio a los máximos responsables es necesaria para que este tipo de acciones no se cometan de nuevo y que la tortura deje de formar parte de la forma de actuación de los cuerpos de seguridad del Estado” señaló Raúl Ramírez Baena, director de la CCDH.
 
Lista de abusos
Aparte de señalar que a esta Corte compete evaluar los casos delictivos e investigar la prevalecía de impunidad, los denunciantes señalaron que la información "revela que las autoridades, principalmente militares, cometían estos hechos siguiendo un patrón específico".
 
Aquí se enlistan acciones como la detención de civiles sin orden judicial en sus casas, torturas en instalaciones militares, obligarlos a firmar hojas en blanco para su autoincriminación o para incriminar a otros, además de que "se les implantaban drogas y armas como 'evidencia'" y que en múltiples ocasiones los presentaban ante la prensa como responsables.
 
"Estos hechos ocurrían con conocimiento, aquiescencia e incluso participación directa de los principales oficiales militares y policiales de Baja California. En todos los casos documentados por las organizaciones las víctimas resultaron absueltas de los cargos por falta de pruebas, o esperan sentencia en procedimientos plagados de pruebas contradictorias y cuestionables", se incida.
 
Por otro lado, se agrega, "ningún alto mando militar o policial ha enfrentado cargos penales ante tribunales judiciales mexicanos por los crímenes cometidos contra los civiles, incluidos actos de tortura. En la información presentada a la Fiscalía se incluyen casos que ejemplifican este patrón de conducta en donde hay un aproximado de 100 víctimas".
 
La "Guerra" en México
En la denuncia se afirma que es la segunda comunicación que presenta la FIDH y la Cmdpdh ante la Fiscalía de la CPI sobre la comisión de crímenes de lesa humanidad perpetrados en México en el marco de la llamada “guerra contra el narcotráfico”, y que complementa una primera comunicación presentada en octubre de 2012.
 
“Ante la falta de respuesta de las autoridades mexicanas al clamor por justicia de las víctimas de estos hechos, no queda otro recurso que la CPI para asegurar que los crímenes graves cometidos en México no queden en la impunidad”, declaró Paulina Vega, vicepresidenta de la FIDH e integrante del consejo directivo de la Cmdpdh.
 
Los denunciantes señalan que las fuerzas oficiales ni han rendido resultados, que desde 2006 las quejas de tortura atribuidas a las fuerzas armadas y de seguridad se han incrementado en un 500%, que hay registro de miles de casos de desapariciones y detenciones arbitrarias, "y se han ejecutado arbitrariamente a más de 70 mil personas según los datos del Relator de Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales después de su visita a México en 2012".
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