Revertir el decreto 57 aprobado hace poco más de un mes por la legislatura estatal, que ratifica concesiones a empresas privadas para invertir en agua potable y otro tipo de obras en Baja California sería un retroceso y generaría responsabilidades administrativas para quienes tomen una decisión de esa naturaleza, advirtió la diputada local panista Iraís Vázquez.