*.- Que no observen o contravengan el Atlas de Riesgo estatal o municipal

TIJUANA BC 22 DE MARZO DE 2018 (AFN).- El diputado Marco Antonio Corona Bolaños Cacho presentó ante el Congreso, una iniciativa al código Penal para el Estado de Baja California, que establece sancionar, mediante prisión, a un funcionario público que no observe o contravenga el Atlas de Riesgo, sea estatal o municipal. 

“Es importante considerar los Atlas de Riesgos en las acciones de urbanización, para eliminar o reducir los riesgos sobre las personas y sus bienes”, destacó el asambleísta tricolor. 

La presente iniciativa, explicó, propone sancionar penalmente, con 2 a 8 años de prisión, 400 días de multa, e inhabilitación por el tiempo que dure la pena carcelaria, al servidor público que expida alguna licencia, permiso, autorización, constancia o dictamen, para realizar cualquier tipo de construcción, obra de infraestructura, equipamiento urbano, acción de urbanización o asentamiento humano, sin observar o contraviniendo el Atlas de Riesgos correspondiente. 

Lo anterior, en virtud al  problema ocurrido el pasado  2 de febrero del presente año, en el que se vieron afectadas más de 100 familias, al colapsar 89 viviendas del fraccionamiento Lomas del Rubí de esta ciudad, al parecer por la realización de una expansión al fraccionamiento Villas del Pedregal, ubicado sobre el bulevar Cuauhtémoc.

Se ha hablado mucho de tan lamentable suceso, originado por negligencias y éstas simplemente no pueden suceder otra vez, autoridades y particulares –subrayó- tienen diversas responsabilidades en esta materia, no pueden deslindarse de las mismas; por el contrario, deben asumirlas en todo momento a cabalidad. 

“El desarrollo urbano, debe ser  una labor corresponsablemente planeada y verificada bajo estrictos sistemas que permitan su control, pues de no ser así, se pondría en grave riesgo a las personas y a su patrimonio, tal y como aconteció en Lomas del Rubí”.

La reforma, no pretende sancionar a personas que se ubican en predios abandonados o que no son de su propiedad. Lo que se busca es castigar a los servidores públicos que emitan autorizaciones contrariamente a lo establecido en las zonas de riesgos y a quienes construyan en base a esas autorizaciones, concluyó el diputado tijuanense.