*Consejeros ciudadanos del Sistema Estatal Anticorrupción

MEXICALI BC 26 DE JULIO 2019 (AFN).- Los consejeros ciudadanos del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California promovieron en el Poder Judicial de la Federación un juicio de amparo contra el procedimiento de asignación del Auditor Superior del Estado. 

El presidente del Comité de Participación Ciudadana del SEABC, Francisco Fiorentini, y el consejero Edgardo Silva aseguraron en conferencia de prensa que les asiste el interés legítimo para promover este juicio de amparo, toda vez que en el artículo 21, fracción XVII, de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California les otorga facultad para dar seguimiento al funcionamiento del SEA y, por ende, de la debida integración de las diversas instancias que lo componen. 

Fiorentini dijo que los ciudadanos en el Sistema Anticorrupción no son comparsas de intereses personales o de grupos, puesto que es un proyecto en el que participaron para tener el único sistema del país donde existe una Comisión Especial para evaluar a quienes se designe a cargos de interés público.

Explicó que el 8 de julio se tomaron dos decisiones importantes para Baja California. El Congreso local determinó la ampliación del plazo de gobierno y además nombró fuera de la ley y contraviniendo a la Constitución Política a quien fiscalizará las cuentas públicas del gobernador Francisco Vega y de Jaime Bonilla.

Al cuestionarla si es moneda de cambio el modificar la constitución para la administración de Bonilla Valdez y el nombramiento de Carlos Montejo Oceguera, precisó que a los representantes ciudadanos les correspondió promover un juicio de amparo por el procedimiento ilegal del auditor. Está en la ley y en la Constitución, agregó, y a nosotros nos toca defender la participación de los ciudadanos en estos nombramientos.

El consejero ciudadano Edgardo Silva coincidió con Fiorentini en el resultado judicial que instruya el procedimiento desde cero, lo que implica que se lance una nueva convocatoria, se defina la metodología de evaluación, se conozcan los perfiles de los aspirantes y comparezcan a esta Comisión Especial que la integran tres diputados y cuatro ciudadanos. En este caso, se trata del titular de la Auditoría Superior del Estado que, a su vez, forma parte del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción.

En el documento que se presentó en el Poder Judicial de la Federación, se señala como autoridades responsables al Pleno del Congreso del Estado de Baja California, la Junta de Coordinación Política, la Comisión de Fiscalización del Gasto Público y los diputados integrantes de la Comisión Especial que evaluarían a los candidatos a ocupar la titularidad de la Auditoría Superior del Estado de Baja California.

De acuerdo al presidente del CPC, Francisco Fiorentini, los actos reclamados son la designación del Auditor Superior del Estado de Baja California mediante un procedimiento contrario a la Constitución Política del Estado.

Además que se realizaron las etapas de evaluación y comparecencias de los aspirantes, sin la presencia de los representantes ciudadanos y, como consecuencia, designaron al Auditor Superior del Estado sin haber emitido los criterios bajo los cuales habría de evaluar a los aspirantes, donde se precisara la evaluación curricular, el examen de conocimientos y la idoneidad subjetiva para ocupar el cargo.

Los representantes ciudadanos plantearon como efecto de la resolución judicial el que se reponga el el procedimiento para la designación del titular de la Auditoría Superior del Estado.

La Constitución Política de Baja California señala que una Comisión Especial Integrada por cuatro representantes ciudadanos y tres diputados serán los responsables de evaluar a los aspirantes a ocupar cargos dentro del Sistema Estatal Anticorrupción. A partir de esta responsabilidad conjunta se presentará a los postulantes idóneos, en orden de prelación.