*.- Integrantes del gabinete contradicen a AMLO
TIJUANA, BC 16 DE MAYO DE 2019 (AFN).- Funcionarios del gobierno del Presidente López Obrador han estado contratando obra pública en forma directa, contraviniendo incluso los compromisos hechos por el primer mandatario con el propósito de evitar la corrupción que en este renglón se ha registrado en los últimos años en el país, aseguró Francisco Gallo, dirigente nacional de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción, AMIC.
Esto ha venido ocurriendo en los primeros cinco meses de la nueva administración federal, lo que contrasta con los esfuerzos que se están haciendo entre industriales del ramo y fracciones legislativas del Congreso federal, para eliminar los mecanismos de corrupción que permitían incluso a diputados disponer de cifras millonarias para contratar obra pública de manera directa en un obvio pago a servicios de orden político.
La AMIC, dijo, nació del reclamo de gran cantidad de profesionales vinculados a la industria de la construcción (pequeños constructores, ingenieros civiles y electromecánicos y arquitectos entre otros), hartos de la complicidad entre funcionarios y grandes empresas de la construcción beneficiadas con millonarios contratos de obra que generan jugosos dividendos por la vía del “moche”.
De visita en Baja California, Gallo Palmer se refirió la modalidad promovida por el gobierno del presidente Ernesto Zedillo en 1999, que permite a federación, estado y municipios, utilizar dos esquemas que contravienen la obligación constitucional de licitar públicamente toda obra pública. Uno es el de asignación directa y otro el de invitación restringida a tres empresas.
Es el caso que durante los primeros cinco meses del actual gobierno federal, aproximadamente el 76 por ciento de la obra pública ha sido contratada de esa manera, por lo que pidió al Presidente de la Republica voltear hacia esas dependencias y funcionarios públicos “que no han entendido que el proyecto de López Obrador es terminar con la simulación y la corrupción”.
Francisco Gallo dijo además que los 85 mil profesionistas y pequeños constructores que participan en esta alianza nacional contra la corrupción en la obra pública, han decidido iniciar la creación de un observatorio, y el plan piloto está previsto para su ejecución en Puebla, Oaxaca y Veracruz, que concentran 2458 municipios, casi el 50 por ciento de los municipios del país.
Adicionalmente están promoviendo se reforme la legislación federal para que se incorpore la creación de comités ciudadanizados que participen en los fallos de obra pública en los tres órdenes de gobierno y que no sea un solo funcionario el que determine qué obra se hace y que empresa la ejecuta.
