CIUDAD DE MÉXICO 31 DE AGOSTO DE 2018 (La Silla Rota).- En 2015 Ana fue una de 67 operadores electorales contratadas por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para intentar conquistar el voto en distritos electorales considerados de riesgo para el partido. 

Entonces militante activa del PRI, aceptó el encargo para el cuál además de ser remunerada con un sueldo base,  le pagarían gastos de traslado, comidas y hospedaje. 

Pero un mes antes de ese proceso electoral, desde el Comité Ejecutivo Nacional del partido, entonces presidido por César Camacho Quiroz, la orden fue ya no liberar pagos para los 67 encargados de delinear estrategias para obtener el voto durante la jornada comicial de ese año. 

A pesar de ello, distintos operadores terminaron su trabajo,  según narró Ana, "por sentirnos comprometidos con el partido y también con la esperanza de que nos pagaran lo que habían trabajado previo a la decisión del CEN".

Sin embargo, no recibieron remuneración por su trabajo, ni tampoco les reembolsaron gastos ya efectuados, sin que hubiera alguna explicación al respecto, y aunque buscaron acercarse al entonces dirigente nacional, no obtuvieron respuesta ni solución. 

En consecuencia, decidieron interponer una demanda contra el Comité Ejecutivo Nacional priísta ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, sin que se dicte una resolución al respecto desde hace tres años. 

"Nos debían a todos los compañeros en suma casi 5 millones de pesos. Habiendo recursos en el CEN por qué no pagaron? Nos dejaron abandonados en el territorio y nos faltó cubrir un mes y medio de sueldo y viáticos a los 67 compañeros", dijo Antonio, otro de los operadores entrevistado por La Silla Rota, cuyo nombre al igual que el de Ana es ficticio, por el temor de afectar algún posible acuerdo con el órgano demandado. 

A tres años, aún no se resuelve el juicio y los operadores advierten que en caso de no pagarles, tomarán la decisión de ofrecer sus servicios a otros partidos, como hizo la ex diputada Josefina Herrera, quien en 2015 era Subsecretaria de Planeación Estratégica del Comité Ejecutivo Nacional y ahora está en Morena.

La ex legisladora fue consultada al respecto, pero declinó opinar, ya que confirmó que dejó las filas del PRI.

La Silla Rota buscó información al respecto de las demandas ante la Junta local, y el área de Comunicación Social respondió que "dado que son asuntos en trámite, no podemos proporcionar esa información".

LOS IGNORAN

Ana, entrevistada por La Silla Rota, explica que de hecho los 67 operadores electorales que acudieron a distintos estados estaban registrados ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y su pago se daba a través de la presentación de un código de barras, por lo que hay registro de su labor.

La estrategia se llamaba Manejo Integral de Riesgos Electorales (MIRE), y fue aprobado por el entonces presidente nacional del PRI, César Camacho Quiroz. 

Pero de acuerdo con Ana, a la llegada de Arturo Zamora a la Secretaria de Acción electoral del CEN del PRI, se decidió regresar a los operadores que trabajaban en el Mire sin ninguna explicación.

"El equipo MIRE, en una actitud profesional, optó por permanecer en los distritos a los que habían sido enviados, hasta concluir la tarea encomendada, logrando obtener el triunfo en la mayoría de los distritos electorales en donde fueron asignados", según se lee en un documento que dieron a conocer los demandantes.

Fieles al partido, antes de recurrir a una autoridad laboral, decidieron pedir su remuneración a través de una solicitud institucional, y se presentaron al partido al parea de Finanzas con oficios, al ser ignorados buscaron hablar con Camacho Quiroz, pero tampoco les hizo caso. Fue por ello que optaron por ejercer sus derechos laborales a través de 40 demandas (que agrupa a los 67) desde el 2015 ante la Junta local, documentadas con soportes probatorios que acreditan la relación laboral, que ha sido negada por el jurídico priísta.

La demanda de cada operador es por 66 mil pesos por cada operador, pero hasta el momento el PRI se ha negado a aceptar el adeudo, que conforme avanzan los años se incrementa. El 29 de agosto volvió a haber audiencia en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para algunos de los operadores involucrados, pero el abogado del PRI no llegó.

Los operadores tenían la esperanza de que con la llegada a la dirigencia nacional de Manlio Fabio Beltrones representaría una oportunidad para cobrar lo que se les debía. Incluso, buscaron un acercamiento a través de su secretario particular, pero no sólo fueron ignorados sino que ya no fueron tomados en cuenta para ser delegados electorales o delegados de activismo, como ocurría otros años, y en represalia fueron hechos a un lado del proceso electoral del 2016, que a la postre fue un desastre para el partido.

También intentaron acercarse a la dirigencia de Enrique Ochoa Reza, quien asumió luego de que Beltrones renunció precisamente por los malos resultados. Pero la dirigencia les mandó a decir que el Jurídico del partido sería el encargado de darles respuesta.

Con la llegada a la dirigencia de Claudia Ruiz Massieu los operadores electorales esperan cerrar el capítulo y advierten que de no hacerlo, esos cuadros valiosos comenzarán a migrar a otros partidos.

De acuerdo con Ana, algo similar se vivió durante el proceso electoral del 2018, donde también se dejó tirados a operadores electorales y es una de las causas que pueden explicar la derrota sufrida por la maquinaria electoral priista durante los pasados comicios.