TIJUANA BC 27 DE ENERO DE 2017 (AFN).- El diputado del Partido Encuentro Social (PES), Luis Moreno Hernández, advirtió que continúa vigente la intención de la privatización del agua del Gobierno del Estado, por lo que no descartó que en próximos días haya una nueva Ley del Agua.

En atención a medios dijo que la ley que fue abrogada por la presión social, quita la posibilidad de hacer negocio con el vital líquido, de ahí el interés y la necesidad por parte de empresas y algunos funcionarios de gobierno de promoverla de nueva cuenta.

"Sigo pensando que hay intereses muy claros de instalar plantas desalinizadora para poder proveer agua al condado de San Diego y competirle a una planta de allá con precios mucho más bajos y genera un negocio muy grande”, manifestó.

En otro tema, hablo del dictamen número 62, en el cual el Gobierno del Estado asume responsabilidades de pago multimillonarias a empresas que realizan inversiones en Baja California a través de la Ley de Asociaciones Público-Privada (APP), más la obligación de adquirir deuda de 500 millones de pesos para garantizar dichos pagos.

Agregó que en caso de la planta desalinizadora de Playas de Rosarito durante 37 años pagará 149 millones de pesos, para la de San Quintín son alrededor de 11 millones de pesos y dos millones 500 pesos en Mexicali para la red de pluviales, siendo estos costos mensuales.

Indicó que para esta decisión no fue consultada la ciudadanía y se desconocen los procesos de licitación, los contratos o si fueron adjudicaciones directas, situación que están investigando, por lo que hicieron una solicitud formal para que les presenten dicha información.

Moreno Hernández consideró que la única ruta para evitar que estos cobros se realicen, mismos que iniciaran durante los años 2018 y 2019, es que la ciudadanía se manifieste para abrogar el dictamen número 62, asimismo los diputados del bloque opositor harán en próximas fechas una solicitud formal de anulación.