TIJUANA, BC 1 DE DICIEMBRE DE 2011 (AFN).- Un empresario tijuanense identificado como Jesús Peña Aboyte, presentó este jueves una denuncia de juicio político contra el presidente municipal Carlos Bustamante Anchondo, por el presunto desvío de 40 millones de pesos en beneficio de los intereses políticos y familiares del ex alcalde Jorge Hank Rhon.
En conferencia de prensa, Rubén Ovando Ulloa, quien se ostentó como "representante procurador y vocero" del quejoso, expuso que darán seguimiento a la denuncia y que esperan que ésta se turne a la Sección Instructora del Congreso del Estado hasta lograr el ejercicio de la acción penal y las órdenes de aprehensión contra los involucrados, además de la destitución e inhabilitación del alcalde de Tijuana y demás servidores públicos implicados.
Peña Aboyte no estuvo en la conferencia, y firmó la denuncia como "Coordinador de vinculación con organismos no gubernamentales" de "la corriente crítica del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Baja California", mientras que de Ovando Ulloa, es del conocimiento público que preside el grupo priísta denominado Democracia 2000, y es conocido por sus constantes críticas contra dicho instituto político.
En el escrito, Peña Aboyte presenta su solicitud al diputado local Máximo García, quien es presidente del Congreso del Estado de Baja California; de lo cual envía copia a la delegación estatal de la Procuraduría General de la República (PGR), a la Auditoría Superior de la Federación, a la Auditoría Superior del Estado de Baja California, y a la Federación de Futbol.
En el documento, Peña Aboyte expone que es micro empresario y tiene sus oficinas en la avenida Revolución, de la delegación Zona Centro, y que autorizó a Rubén Ovando Ulloa como representante procurador y vocero, al abogado Joel Núñez y a la pasante en derecho Flor Marbella Rea, para exponer dicha solicitud.
Sobre la denuncia formal, el denunciante incluyó a Jorge Alberto Hank Inzunza, quien es hijo del ex alcalde Jorge Hank Rhon y "propietario de la firma franquicia de la empresa privada del equipo de futbol de Primera División Xoloitzcuintles de Tijuana", además del presidente del Comité de Turismo y Convenciones (Cotuco) de Tijuana, Mariano Escobedo Lavín; ambos "en calidad de copartícipes".
La denuncia es formulada bajo los términos de "incurrir en graves actos que redundan en perjuicio de los intereses públicos, de las finanzas, programas sociales y presupuestos de la administración pública Municipal", y por el presunto desvío de 40 millones de pesos de los recursos federales del Ramo 33 etiquetados para desarrollo social "con propósitos político electorales".
De dicha cantidad, se afirma, 25 millones de pesos se distribuyeron a personas de escasos recursos en forma de paquetes de materiales de construcción, pintura e impermeabilización en un acto masivo realizado el 5 de noviembre en el Estadio Caliente; mientras que 15 millones de pesos "ilícitamente se triangularon" de las cuentas bancarias del Ayuntamiento a las del Cotuco, y de ahí al Club Xoloitzcuintles de la familia Hank Inzunza.
Dicha situación, se agrega en la solicitud de juicio político, "altera la estabilidad política de la ciudad, su patrimonio y la prestación de los servicios públicos municipales".
En el escrito presentado, además de incluir diversas y fuertes críticas y calificativos, el denunciante expuso que se tipifica el delito de "asociación delictuosa" que persigue la Ley Estatal contra la Delincuencia Organizada, y como "muestra" presenta las transcripciones de versiones estenográficas, videograbaciones y recortes periodísticos.
