*.- La diputada Rosalba López planteó que el funcionario municipal acudiera y les hablara sobre una investigación interna

MEXICALI BC 26 DE NOVIEMBRE DE 2015 (AFN).- La diputada estatal Rosalba López Regalado, pidió que el síndico procurador del 21 Ayuntamiento de Tijuana, Arturo Ledesma Romo, acuda ante el pleno del Congreso del Estado para informarles acerca de los resultados de una auditoría especial que practicó el personal a su cargo respecto del "Programa de modernización del sistema de alumbrado público", a cargo de la empresa Industrias Sola Basic; petición que fue rechazada por los legisladores locales.

Votaron en contra los diputados Laura Torres, Nereida Fuentes y Cynthia Ruiz, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Armando Reyes del Partido del Trabajo (PT), Fausto Gallardo, del Partido Verde Ecologista de México; y la presidenta del Congreso local, Irma Martínez, del Partido Nueva Alianza (Panal).

Votaron a favor los diputados López Regalado, Rosa Isela Peralta, Mónica Bedoya, Gustavo Sánchez y Mario Osuna del Partido Acción Nacional (PAN); y Felipe Mayoral, del Partido Estatal de Baja California (PEBC); mientras que en abstención votó Rodolfo Olimpo Hernández, del Partido Encuentro Social (PES); mientras que Roberto Dávalos del Partido de la Revolución Democrática (PRD), y Francisco Alcibíades García de Movimiento Ciudadano (MC), abandonaron el recinto justo cuando se planteaba la petición.

Sobre la propuesta, López Regalado afirmó que el mencionado programa tenía como propósito la sustitución de las lámparas con las que se brindaba anteriormente el servicio de alumbrado público de calles y colonias de Tijuana, para lo cual se dieron pagos anticipados, es decir, se pagó antes de que se sustituyera el alumbrado, y "hasta el día de hoy todo aparenta ser una gran afectación financiera para la ciudad".

“Se debe determinar la responsabilidad en que incurrió el ex alcalde Carlos Bustamante Anchondo, por la promoción de un contrato de arrendamiento totalmente perjudicial para la ciudad, por impulsar y promover que el cabildo aprobara que anticipadamente se pagaran a la empresa 25 de las 26 mensualidades, con un costo mayor a los 140 millones de pesos, sin que importara la expresa prohibición que al respecto se contiene en la Ley de Adquisiciones local, pagando por la renta de un conjunto de bienes que con esa suma pudieron haber sido comprados directamente e instalados por los 125 empleados municipales especializados en el ramo”, aseguró.

Reiteró que debe determinarse también la responsabilidad de los titulares de las dependencias correspondientes por la nula supervisión, incluyendo la “desaparición” de más de 50 mil luminarias en buenas condiciones que se encontraban instaladas y funcionando antes de que iniciara el fracasado programa de modernización.