BC requiere ciudades sustentables y competitivas
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BC requiere ciudades sustentables y competitivas

Tijuana BC - domingo 5 de julio de 2015 - AFN.
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Tijuana BC 5 de julio de 2015 (AFN).- El diputado panista Mario Osuna Jiménez, afirmó que Baja California necesita contar con un marco jurídico que propicie a tener ciudades sustentables y competitivas, bajas en carbono, y con alta calidad de vida, por lo que presentó una iniciativa de Reforma Constitucional para el Desarrollo Urbano Sustentable ante el Congreso local.
  
El presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial de la 21 Legislatura, indicó que en México se ha fortalecido la idea de impulsar una reforma urbana que permita la transformación del ámbito institucional, legal, programático y presupuestal a escala nacional.
  
A través de la iniciativa propone obtener mayores recursos para el desarrollo de las zonas metropolitanas de Tijuana, incluyendo al municipio de Ensenada  y Mexicali; y para lograr esto, indicó que es necesario contar con un marco legal congruente a la situación actual.
  
A raíz de esto, propone reformar los artículos 7, 11, 27, 49, 83, 84 Y 104 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.
  
En el artículo 7 plantea reconocer como derecho humano de toda persona el disfrute de un desarrollo urbano sustentable y reconocer el derecho a la movilidad universal, entendido este derecho como uno de los componentes principales para garantizar un desarrollo urbano sustentable, atendiendo a los principios de igualdad, accesibilidad, disponibilidad y sustentabilidad en favor de todas las personas.
  
En tanto, la reforma al artículo 11 busca introducir el reconocimiento del deber del Estado y los Municipios para proveer las medidas necesarias para el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos, dijo.
  
También se formula reformar el artículo 104, para establecer las nuevas prevenciones generales del desarrollo urbano sustentable en todo el Estado, precisando las vertientes de su contenido que se considerarán de interés social y utilidad pública.
  
Promueve también  el deber del Estado y los Municipios para garantizar el desarrollo urbano sustentable, procurando la interrelación de las ciudades y el campo, distribuyendo equitativamente los beneficios y cargas del proceso de urbanización y las actividades económicas en el territorio del Estado, y previniendo riesgos y contingencias ambientales y urbanas en los centros de población.

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