*.- Presentan acuerdo para que Orfis revise supuesto "conflicto de intereses"
Mexicali BC 23 de abril de 2015 (AFN).- A nombre de las fracciones del PRI, PVEM, PT y PES, la diputada estatal Margarita Corro Arámbula presentó un acuerdo para exhortar al auditor superior de fiscalización del Estado, Manuel Montenegro Espinoza, a que realice una revisión exhaustiva y recabe elementos de información y documentación necesarios de las cuentas públicas involucradas en un presunto "conflicto de intereses", relacionados con el fraccionamiento “San Carlos Entorno Residencial” de Tijuana, donde se ha señalado públicamente es una inversión del gobernador Francisco Vega de Lamadrid.
Se pide que, de ser así, se deslinden las responsabilidades a que hubiera lugar; y dado que el asunto pudiera generar un perjuicio grave a la sociedad al involucrar el ejercicio y destino de recursos públicos; y al presentar dicho punto de acuerdo ante el pleno, la legisladora solicitó la dispensa del trámite correspondiente.
Dijo que la organización no gubernamental Transparencia Internacional, que estudia y sigue los temas de corrupción en el mundo, a través del "Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno en México", ha proporcionado datos que registran la corrupción de los tres niveles de gobierno y empresas particulares; y al medir los niveles de corrupción en servicios públicos y trámites en Baja California durante los años 2001, 2003, 2005, 2007 y 2010; se concluye que el Estado ocupa actualmente la posición número 14 de las 32 entidades.
En esta medición, mencionó, los servicios o trámites que registran la mayor corrupción son diversos e involucran distintas instancias de gobierno, pero también a particulares; como son los relacionados con infracciones de tránsito, contrabando en aduanas, recuperación de vehículos robados, evitar la detención o realizar una denuncia en el Ministerio Público, el comercio ambulante, el pago del predial; hasta la conexión de servicios telefónicos, de agua y de electricidad; y obtener una ficha de inscripción en una escuela o recibir apoyos del gobierno.
Por ello, agregó, el papel de una denuncia periodística cobra la mayor importancia, pues en el ejercicio de la profesión, los medios de comunicación y los ciudadanos en general, por encima de cualquier interés personal o de grupo, contribuyen al control y fiscalización de los recursos públicos y a la actuación conforme a Derecho de los servidores públicos.
De ahí que, en ejercicio de las atribuciones que la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado y sus Municipios confiere a este Congreso, por conducto del Orfis; luego de que una cadena de periódicos publicó un posible conflicto de intereses que involucra al gobernador, a su secretario de infraestructura y desarrollo urbano, entre otros servidores públicos; y a la empresa Fraccionamiento Arnaiz, por presuntos intereses personales o de negocios que pudieron afectar el desempeño imparcial del empleo, cargo o comisiones públicas.
“Quienes suscribimos la presente proposición, estimamos necesario desplegar el mayor de los esfuerzos institucionales para coadyuvar al esclarecimiento de los hechos denunciados, pues la sociedad en general merece conocer si en el caso concreto, los cargos oficiales fueron utilizados para obtener beneficios personales o a favor de terceros”, expuso la diputada.
Corro Arámbula subrayó que estimaron determinante "que los hechos denunciados y que ponen en duda la objetividad y legalidad de los más importantes servidores públicos del Estado, así como de una prominente empresa involucrada, sean investigados exhaustivamente por la autoridad constitucionalmente competente y previamente constituida”.
