Mexicali BC 26 de febrero de 2015 (AFN).- Durante el ejercicio del presupuesto 2013 del Ejecutivo estatal se registró una mala aplicación de los recursos federales por un monto superior a 300 millones de pesos, según el informe presentado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por lo cual los cinco ayuntamientos y el Gobierno del Estado deben garantizar la distribución, aplicación y comprobación de los recursos transferidos por la Federación, señaló el diputado estatal René Mendívil Acosta.
Durante la sesión del Poder Legislativo, el pleno aprobó un punto de acuerdo presentado por el coordinador de los diputados del PRI, para exhortar al gobernador Francisco Vega de Lamadrid, así como a los cinco alcaldes, para que aseguren el cumplimiento de los objetivos institucionales de los programas federales, y la correcta aplicación de los recursos que se otorgan para el ejercicio fiscal de 2015.
Mendívil Acosta explicó que el 18 de febrero de 2015, la ASF entregó a la Cámara de Diputados Federal un informe del resultado de la fiscalización de la cuenta pública correspondiente a 2013, donde realizaron múltiples observaciones a la aplicación de los recursos por parte del Estado; pues se detectó que del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados hubo un subejercicio al 31 de diciembre de 2013, de 109 millones, 93 mil 600 pesos; y en del Acuerdo de Coordinación celebrado entre la Secretaría de Salud y el Estado, a la misma fecha no se habían ejercido más de 272 millones de pesos.
El legislador tijuanense señaló que, mientras la entidad registra una incidencia delictiva superior a la tasa nacional, la ASF detectó un subejercicio que representa el 35.6% de los recursos que el gobierno Federal destinó a Baja California en el 2013.
"El informe advierte que sólo se realizó el 55.5% del total de evaluaciones a servidores públicos comprometidas en las metas correspondientes al programa Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza”, agregó; y otras irregularidades que observó la auditoría, fueron contratos de obra adjudicados mediante invitación simplificada, y adjudicación directa para compra de equipo especializado, destinados a los penales de Mexicali y el Hongo.
Ineficiencia, falta de transparencia e incumplimientos
“La ASF determinó que los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública en Baja California tuvieron un impacto poco significativo por la inoportunidad en el ejercicio de los recursos y la aplicación con fines distintos a lo que establece la normativa, pues el Estado no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos, y no se cumplieron cabalmente sus objetivos y metas”, sostuvo Mendívil Acosta.
Entre otras fallas detectadas por la ASF, dijo, del fondo de aportaciones para fortalecimiento de las entidades, el Estado no había ejercido el 17.9% de los mil 77 millones 749 mil 800 pesos transferidos, por lo que no se realizaron todas las obras programadas dentro de ese ejercicio fiscal.
Además, no se ejercieron 65 millones 72 mil 800 pesos para desayunos escolares, apoyos alimentarios y de asistencia social a la población en condiciones de pobreza extrema, apoyos a la población en desamparo, construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación básica y equipamiento de educación superior en su modalidad universitaria, que son los fines del programa federal.
“El gasto público debe contribuir a contener la caída de la actividad productiva y, bien utilizado, a propiciar la reactivación económica, por ello resulta vital que el Gobierno del Estado y los ayuntamientos instrumenten las medidas necesarias para evitar subejercicios del presupuesto gubernamental y cumplir con los objetivos institucionales a partir del gasto público, aprovechando el mismo para mejorar la seguridad pública e impartición de justicia; contribuir al desarrollo social; incentivar el mercado local y la inversión productiva, así como generar mayores empleos”, concluyó Mendívil Acosta.
