Mexicali BC 27 de enero de 2014 (AFN).- A través de un punto de acuerdo presentado ante los integrantes del Congreso del Estado, la diputada local Laura Torres Ramírez, pidió al titular del Poder Judicial de Baja California, Marco Antonio López Magaña, que informe sobre las acciones implementadas referentes al inicio de funciones del “Centro de Convivencia Familiar Supervisada”, con sede en Mexicali.

Por medio de un comunicado, se informó que la legisladora integrante de la bancada del PRI, exhortó al funcionario a que dé a conocer las disposiciones que se han tomado para el inicio de las unidades de apoyo en los municipios del Estado, según las fechas determinadas por el pleno del Consejo de la Judicatura Estatal.

En su exposición de motivos, Torres Ramírez manifestó que a nivel nacional existen controversias del orden familiar, las cuales provocan la ruptura de un vínculo matrimonial o separación física de la pareja, que en el caso de contar con hijos, se debe convenir para establecer los derechos y obligaciones de los padres sobre los menores.

Dentro de ese contexto, dijo, inciden los niveles de violencia intrafamiliar que provocan la desestabilidad y desintegración de la familia, al aplicarse órdenes de restricción para el cónyuge o pareja violento, dejando como consecuencia a los hijos sin convivencia paterno filial.

Torres Ramírez señaló que existen varios casos en los que, a pesar de contar con una sentencia debidamente ejecutoriada, en la que se incorpora el convenio establecido entre padres, se impide la convivencia con los menores por la determinación arbitraria de quien ejerce la custodia de estos, lo que provoca un impacto psicológico para los hijos.

Agregó que en diversos estados de la República ya se ha implementado la estructura jurídica para la construcción de Centros de Convivencia Familiar Supervisada, los cuales permitan reparar las relaciones entre padres e hijos, estableciendo las bases para regular el debido cumplimiento de los convenios.

Torres recordó que en el caso de Baja California ya se había determinado la creación de una estructura jurídica que permita establecer una instancia que facilite la convivencia paterno-filial, que fue publicada en el Periódico Oficial del Estado, el 25 de octubre de 2013, mediante el Decreto número 590.

En este, se aprueba la adición a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California, con un Capítulo XIV al Título Décimo Primero, con la denominación “Del Centro de Convivencia Familiar Supervisada”; además de la adición del numeral 197 TER de la propia Ley, dispositivos que entraron en vigor el día primero de enero de 2015.