Tijuana BC 27 de julio de 2014 (AFN).- Es necesario fortalecer a los Organismos de la Sociedad Civil (OSC), expuso el diputado estatal Mario Osuna Jiménez, al referir la iniciativa de Ley que presentó en el Congreso del Estado, a fin de fortalecer estas asociaciones mediante su participación en el desarrollo de políticas públicas del sector en Baja California.

 

Señaló el legislador del Partido Acción Nacional (PAN) que se trata de una propuesta de reforma a los artículos 8, 12 y 16 de la Ley de Fomento a las actividades de Bienestar y Desarrollo Social para el Estado de Baja California, y al artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública.

 

Osuna Jiménez manifestó su confianza en que esta reforma sea aprobada por la actual 21 Legislatura, dado que tiene el apoyo de la fracción parlamentaria del Partido Nueva Alianza (Panal), Partido Estatal de Baja California (PEBC) y de la Revolución Democrática (PRD).

 

Durante una visita a la “Casa de los Albañiles”, donde residen personas de la tercera edad, el diputado panista señaló que las actividades que realizan las OSC son fundamentales para el Estado mexicano, tanto que al paso de las últimas tres décadas han tomado una importancia inusitada para la democracia mexicana.

 

Destacó que en éstas se cuenta con la participación ciudadana y actores sociales que han colaborado como guías, para marcar el rumbo de la agenda de políticas públicas en el país, conformando lo que la economía ha llamado “el tercer sector”.

 

La mayoría de los objetivos de las OSC’s , precisó Osuna, se han dirigido a temas del espacio social como la salud, la educación, el medio ambiente, entre otras actividades de bienestar y desarrollo social, e incluso de los servicios públicos y la supervisión de las acciones de los distintos órdenes de gobierno, sus actividades no resultan ajenas a las funciones del Estado.

 

Resaltó que no se puede ignorar que diversas OSC han ido conquistando legitimación en su calidad de interlocutoras ante el Gobierno, con acciones que son consideradas de interés público, por lo que resulta prioritario, garantizarles el ejercicio adecuado y responsable de su comportamiento.