Fernando Castro Trenti, vicecoordinador del grupo parlamentario del PRI en el Senado, presentó una iniciativa para que los servidores públicos que no cumplan puedan ser revocados e inhabilitados para contender por un periodo de 3 a 10 años.

 

“En el 2006, poco después de asumir el cargo de legislador federal, presenté una reforma constitucional cuyo propósito es obligar a que los candidatos cumplan, en sus cargos, con los compromisos que hacen durante la campaña”, expuso el legislador. 

 

“La principal aportación de esta iniciativa es el control y fiscalización, por un organismo autónomo como el Instituto Federal Electoral, sobre la actuación de los servidores públicos”. 

 

Castro Trenti, indicó que la nueva propuesta busca que el incumplimiento de las promesas de campaña sea una causal para que los ciudadanos inicien el procedimiento de revocación de mandato, asimismo, contar con un mecanismo idóneo para terminar con la demagogia y costumbre de prometer, pues actualmente no existe. 

 

El senador señaló que es menester de las autoridades electorales recopilar los compromisos que los candidatos a algún puesto de elección popular hagan durante su campaña y ellas mismas vigilar su cumplimiento. 

 

“Las reformas y adiciones a los artículos 41 y 116 constitucionales, proponen establecer que el Instituto Federal Electoral tenga la obligación de recopilar los compromisos de campaña, dar seguimiento a los que hayan accedido al cargo de elección popular y realizar una evaluación de los mismos”, explicó. 

 

“Por otro lado, se pretende la obligación de prever en las constituciones y legislaciones electorales locales, que las autoridades electorales tengan las mismas facultades que el Instituto Federal Electoral”. 

 

Así, la iniciativa obligaría a los candidatos a puestos de elección popular a registrar sus propuestas ante el IFE; la institución evaluaría el cumplimiento de la plataforma electoral cada 6 meses, emitiendo un certificado de cumplimiento.

 

Si durante dos semestres consecutivos no se cumple con el programa propuesto, se iniciaría el proceso de revocación de mandato y dicho candidato quedaría inhabilitado por un plazo de 3 a 10 años.