Piden juicio político para diputados de la XXII legislatura
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Piden juicio político para diputados de la XXII legislatura

Tijuana BC - miércoles 20 de mayo de 2020 - AFN.
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*.-Va PRD por nuevo juicio político 

*.-  Que aprobaron ampliar gubernatura de 2 a 5 años.

TIJUANA BC 20 DE MAYO DE 2020 (AFN).- Los ex candidatos a la gubernatura Oscar Vega Marín e Ignacio Anaya Barriguete se pronunciaron a favor de que los diputados que aprobaron la reforma constitucional en la que se amplió el periodo de la actual gubernatura sean sometidos a juicio político e inhabilitados para sentar un precedente.

En una reunión virtual que tuvieron con integrantes de la Agrupación Política de Baja California, los excandidatos de los partidos Acción Nacional y de Baja California analizaron las repercusiones del fallo emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el que determinaron revocar la reforma que realizó la legislatura pasada para ampliar el actual período de gobierno de dos a cinco años, donde se consideró que hubo un fraude constitucional.

El ex abanderado del Partido de Baja California (PBC) Ignacio Anaya consideró la necesidad de que se forme una comisión estatal en la que participe la Fiscalía General del Estado y otros organismos para que se investiguen los posibles actos de corrupción que se pudieron registrar para hacer que los diputados de la pasada legislatura votaran a favor de la reforma constitucional que amplió la gubernatura, pues ya se hablaba de que se les ofrecía un millón de dólares a cambio de su voto a favor.

Agregó que esta investigación debe de abarcar al hoy Subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta Saucedo, pues en ese entonces se habló de que los recursos podrían provenir de la Dirección General de Aduanas que en esos momentos él presidía.

Al respecto, el ex candidato del PAN, Oscar Vega consideró que le falta autoridad al Secretario de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano para hablar de la inmunidad legislativa de la que según él gozan los diputados para que puedan actuar con libertad a la hora de opinar y votar, pues fue uno de los principales defensores de que había elementos para que se mantuviera la gubernatura de cinco años.

También respaldó la postura de que sean sancionados los legisladores participantes de la reforma que fue tan cuestionada por los ministros de la Corte, por lo que coincidió en que debe de haber un juicio político en el actual Congreso de Baja California para que se proceda a su inhabilitación, aunque dudó de la posibilidad de que los actuales diputados estén dispuestos a realizar dicho procedimiento.

En este sentido sostuvo que la única alternativa que le queda a la sociedad bajacaliforniana es aprovechar la elección que inicia en septiembre de este año, por lo que se debe conformar un bloque opositor a Morena integrado por diversas fuerzas políticas con el que se pueda hacer frente, pues reconoció que el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador mantiene altas simpatías y respaldo social.

“Se debe hacer un gran acuerdo con ciudadanos, presentar un programa de gobierno con mejores candidatos y ganar la elección el próximo año, esa es la mejor inhabilitación”, aseguró el panista pues insistió que el nivel de blindaje de López Obrador aún es muy alto y “no hay como ganarle”, porque la sociedad lo aprecia.

Vega Marín agregó que, en el caso de la reforma de ampliación de la gubernatura, Morena le adjudica la responsabilidad al PAN, cuando en esas fechas ya no tenían esa mayoría, por lo que hoy hay una corriente que promueve al interior de su partido sancionar severamente el pasado, sobre todo cuando en esa misma sesión se aprobaron temas que eran del interés del entonces gobernador Francisco Vega de Lamadrid.

*.-Va PRD por nuevo juicio político 

TIJUANA, BC 20 DE MAYO 2020 (AFN).- La Dirigencia Nacional , Estatal y Diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD), presentarán una solicitud de juicio político en contra de los 22 ex Diputados autores de la llamada “Ley Bonilla”, y una nueva denuncia penal por la comisión de la coalición de servidores públicos, cohecho y en su caso enriquecimiento ilícito.

Jaime Martínez Veloz, ex candidato del PRD a la Gubernatura de Baja California, adelantó que las nuevas demandas deben ampliarse a los actuales Legisladores que avalaron con la “consulta ciudadana” la modificación ilegal a la Constitución, y a la red de funcionarios federales involucrados en la compra de los votos de los ex Diputados.

El PRD también buscará sea sancionado legalmente el Diputado de MORENA, Víctor Manuel Morán, quien presentó la iniciativa de reforma el nueve de julio del año pasado, y al Diputado con licencia, Catalino Zavala Márquez, por ocultar el expediente legislativo, adelantó Fernando Rosales, abogado y regidor perredista.

La Dirigencia Nacional y Estatal del PRD confían que la solicitud de juicio político que se presentará ante el Congreso de la Unión, y la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), contará con más elementos ante el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que declaró inconstitucional la ampliación del periodo del Gobernador, Jaime Bonilla Valdez.

En videoconferencia a través de la plataforma de Zoom, Abraham Correa Acevedo, dirigente del PRD en Baja California, confirmó que con respaldo de la Dirección Nacional de ese partido, presentarán una nueva solicitud de juicio político en contra de los autores de la llamada “Ley Bonilla”.

A su vez, Jaime Martínez Veloz, ex candidato del Partido del Sol Azteca a la gubernatura, dijo que la solicitud de juicio político formulada el año pasado ante el Congreso de la Unión y que fue desechada, hoy se fortalece con los argumentos de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Adelantó que la solicitud de juicio político será ante el Congreso de la Unión porque existe la voluntad política del PRD y de MORENA de hacer valer la ley, en tanto en el Congreso Estatal los Legisladores son, dijo, “unos simples legitimadores del Ejecutivo”.

Martínez Veloz dijo que en dicha solicitud se debe incluir a los actuales Diputados por hacer “un remedo de consulta pública”, tratando de justificar la reforma que extendía el periodo de gobierno.

“Se debe incorporar en la confabulación que señaló el Presidente de la Corte, los dos Magistrados Electorales del Estado, al Secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, y al mismo Gobernador, el Subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, al Administrador de la Aduana de Mexicali que fue denunciado por el presidente del Congreso”, advirtió.

“Junto con ellos debe ser revisada la dirigente de MORENA, Yeidckol Polevsnky, quien vino a avalar la ampliación del mandato. Este conjunto de actores que participaron en esta confabulación, creemos que debe revisarse y aplicar las medidas legales”, expresó.

Martínez Veloz afirmó que existe un conjunto de elementos para que ahora sí proceda el juicio político y se sancione a quienes presuntamente fueron sobornados para modificar la Constitución en un acto ilegal.

Por su parte, el regidor y abogado del PRD, Fernando Rosales, indicó que al hacer un análisis del proceso 2018-2019 y sobre la sentencia de la Corte, “tenemos claro que existen violaciones graves a la Constitución y omisiones en perjuicio del interés publico”.

“Queda clara la violación sistemática, desde la iniciativa de Víctor Moran el nueve de julio que se vota a favor. Parte de esas maquinaciones ilícitas, las cometieron los integrantes de la XXII Legislatura. Puso de manifiesto el verdadero fraude a la Constitución. Los diputados se coaligan para realizar actos contrarios a la ley y deriva de un hecho material que fue aquel soborno que fue expuesto por el Diputado Benjamín Gómez Macías; la sospecha del cohecho de millón de dólares”, recordó.

Destacó que en el ámbito penal será una denuncia y se debe ampliar a los actuales diputados, como Catalino Zavala, al fungir como presidente de la Legislatura, faltando a los principios de honradez al decir que no encontraba la reforma, y lo hizo hasta el 17 de octubre.

A su vez, Camerino Eleazar Márquez, representante del PRD ante el INE, advirtió que la Dirección Nacional acompañará en la ruta jurídica a la dirigencia nacional, para sentar un precedente, ya que se pretendía alterar el orden democrático y constitucional de Baja California.

“Esto al pretender violar el principio de no reelección”, acotó.

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