VERACRUZ 13 DE JUNIO DE 2017 (La Silla Rota).- El zapato que fue de un bebé de uno o dos años de edad. Otro que perteneció a un niño de quizás siete años. Un pantalón de mezclilla desgarrado y con rastros de sangre colgando sobre las ramas de un árbol. Son solo algunas de las evidencias que podrían servir para dar con el paradero de desaparecidos que son buscados por sus familiares en el norte de Veracruz y que aún siguen sin ser resguardadas por autoridad alguna en el Rancho La Gallera, en Tihuatlán, a unos kilómetros de Poza Rica. 

Un video del recorrido que hicieron colectivos de desaparecidos con LA SILLA ROTA muestra que las promesas de autoridades estatales y federales de proteger el predio donde se presume la existencia de más de 20 fosas clandestinas no se han cumplido.

El pasado miércoles 7 de junio, integrantes del colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera proyectaron ante Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, fotografías de restos óseos, prendas de diferentes tallas y un horno lleno de cenizas que fueron hallados en una diligencia civil el 1 de marzo de 2017, y que desde entonces permanecen expuestos a la fauna nociva.

Ante dichos reclamos de parte de las víctimas, Campa Cifrián aseguró que la primera acción de la Fiscalía respecto al tema sería resguardar el rancho, ubicado en Tihuatlán, al norte de Veracruz. "El fiscal nos anunció que estaría solicitando inmediatamente una vez más el resguardo a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP)", señaló el funcionario en entrevista.

Pero el predio cumplió más de 100 días en el abandono a pesar de la promesa que también les hizo personalmente el fiscal de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, de asegurar el rancho. 

El 26 de abril de 2017, La Silla Rota y E Consulta Veracruz publicaron el reportaje El campo de exterminio que el gobierno de Veracruz ocultó, en el que se evidenció la existencia de ese predio donde fueron exhumados seis cuerpos el 30 de enero de 2017 por autoridades estatales y más tarde, el 1 de marzo, fueron encontradas prendas de vestir, un horno con cenizas y 22 fosas con al menos 100 restos óseos carbonizados gracias al trabajo familiares de desaparecidos. Después del hallazgo de la sociedad civil la fiscalía se ha negado a investigar el lugar y pidió a los familiares mantener en privado el caso, hasta que éstos, cansados de no tener respuestas, revelaron la existencia del sitio.

"Cuarenta y ocho horas de haber tenido la reunión con el licenciado Jorge Winckler y Roberto Campa. Dijeron que iban a reguardar el terreno de la Gallera y hasta ahorita no ha venido ninguna autoridad. Seguimos sin respuesta", espetó una madre del colectivo con sede en Poza Rica, quien solicitó el anonimato.