CIUDAD DE MÉXICO 7 DE ABRIL DE 2022 (LA SILLA ROTA).- El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló por mayoría de votos la Ley de Industria Eléctrica (LIE).  El tema fue analizado artículo por artículo, en su mayoría estos fueron aprobados por más de 6 votos de un total de 11.  En los artículos invalidados los ministros que votaron en contra presentarán votos concurrentes.

En su participación el Ministro Arturo Zaldívar afirmó que la Constitución no impone un modelo económico por encima de otro.  "Nuestra labor es interpretar la Constitución con fidelidad y decidir si la medida impugnada vulnera sus postulados".

Y destacó que la Constitución no se refiere a contratos legados, subastas ni órdenes de despacho, términos frecuentes en la LIE. Por lo que destacó que los ministros solamente deben interpretar este sentido para determinar si la política que adoptó el legislador está dentro del marco que la constitucional.  Y reiteró que el poder judicial no puede pronunciarse sobre políticas públicas.

El pleno de la Suprema Corte realiza la segunda sesión para analizar la constitucionalidad o no, de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), que modifica leyes secundarias de ese sector.

La propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya avalada por el Congreso en marzo de 2021, fue impugnada por la Comisión Federal de Competencia Económica. Hasta el momento el ministro Jorge Pardo afirmó estar de acuerdo de manera parcial con la propuesta de la ministra Loretta Ortíz.

Con diferentes argumentos planteó que en esencia la LIE sí afecta la libre competencia del sector y no garantiza que los precios de la tarifa eléctrica para el consumidor serán más baratos. Y aseguró que son contrarias al artículo 25, 27 y 28 constitucional.

"Considero que se priva a los consumidores de acceder a energías más limpias y baratas...  Se reduce la capacidad de competir en el mercado sin importar si la producción de esta es más eficiente o contaminante", dijo.

Por su parte la ministra Norma Piña aseguró que no corresponde a la Corte determinar la planeación ni el control del sistema eléctrico nacional, así como establecer cuál es el mejor sistema para el país. Y destacó que la  responsabilidad de la Corte es solo vigilar que la norma respete la Constitución.

También respaldó al ministro Pardo en el sentido de que se viola la libre competencia en el sector.

Piña destacó que la protección del medio ambiente no puede ser independiente ni fragmentada de las decisiones sobre el desarrollo nacional y la economía.

Y agregó que tras su revisión, la LIE da prioridad al despacho de energías que utilizan energías fósiles y que la prioridad de redes son las centrales legadas que son propiedad del Estado, y que no necesariamente son una planta hidroeléctrica sino una central hidroeléctrica que produce energía con uso total o parcial de combustibles fósiles.

Precisó que lo anterior afecta el mercado y se reduce la generación de energías limpias.

El ministro Luis María Aguilar coincidió que la LIE sí afecta la libre competencia como lo marca la Constitución.  Coincidió en que se afecta el derecho humano a un ambiente limpio y la generación de energías limpias. "Votaré en contra del proyecto" dijo.

Y agregó que no hay una justificación objetiva que explique que las centrales eléctricas legadas puedan usar las redes de transmisión de manera prioritaria por encima del resto.

La ministra Margarita Ríos Farjat aseguró que tampoco coincide con el proyecto de la ministra Ortiz.

"No podría pronunciarme en que la subastas son la mejor opción y que tampoco no lo son, porque la Constitución no lo prevé así. Son mecanismos con luces y sombras que ya lo aplicaron en otros países", dijo.

Adelantó que su voto será parcialmente a favor y que emitirá un voto concurrente  pues, en general, consideró que se necesitan datos duros para evaluar o no, la competencia. Agregó que los órganos reguladores deben ser los responsables de revisar los parámetros técnicos económicos y medioambientales sobre el tema eléctrico.

En su exposición, la ministra Yasmín Esquivel adelantó que respaldará el proyecto de la ministra Ortiz. Afirmó que no dar prioridad a la generación de energía de la Comisión Federal de Electricidad y mandarla al último lugar, significa un trato discriminatorio y expuso que este órgano genera energías limpias. Y agregó que la Constitución no hace referencia al orden de despacho.

Por su parte, el ministro Alberto Pérez Dayán coincidió en que sí se afecta la libre competencia del sector y que la hay una barrera a la libre competencia que marca la Constitución.

"La intención de la Reforma de 2013 no fue dar preferencia a una empresa por sus objetivos públicos sino a crear un escenario en el que sea la mejor oferta en cuanto a eficiencia y precio la que rija la prioridad en el despacho".

Y adelantó que algunas partes de la ley deben declararse inválidas, pero otras no.

El ministro Alfredo Gutiérrez planteó que LIE no viola los artículos 25, 27 y 28 constitucionales. Pero afirmó que sus argumentos son diferentes a los que planteó ministra Ortiz y sugirió que debe ser el Congreso quien legisle en diversos puntos porque la Constitución no legisla en materia de políticas públicas.

"El legislador debe reglamentar el mercado de energía eléctrica, por ello es un mercado regulado y no un mercado dejado la suerte del derecho privado", señaló.