CIUDAD DE MÉXICO 21 DE OCTUBRE DE 2017 (La silla Rota).- El presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, definirá el jueves próximo sobre si procede a declarar la independencia catalana o propondrá una medida para evitar la intervención por parte del gobierno español.

La Cámara legislativa con sede en Barcelona celebrará el jueves un debate general sobre la aplicación del artículo 155 constitucional en Cataluña y sus posibles efectos, en el que participará Puigdemont.

El dirigente nacionalista se plantea la posibilidad de participar ese día en Madrid en el debate que el Senado de España realizará, sobre las medidas que propone el gobierno español para intervenir el gobierno autonómico.

El ejecutivo de Mariano Rajoy activó el sábado el mecanismo del artículo 155 constitucional, que le permite su intervención en caso de que un gobierno autónomo desobedezca la Constitución o actúa contra el interés general de España.

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Fuentes del gobierno catalán descartan que Puigdemont pueda convocar a elecciones locales, que es algo que impediría la intervención toda vez que eso implicaría la disolución de la legislatura local para dar paso a una nueva.

Desde formaciones que respaldan el independentismo, como Esquerra Republicana de Cataluña y los anticapitalistas de la CUP, piden al dirigente catalán proceder a declarar la independencia catalana en la sesión del jueves.

Sin embargo, una parte del Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCat), del que forma parte Puigdemont, le pide que mejor declare elecciones y evite la intervención del gobierno español.

Además, la Fiscalía General del Estado dio a conocer este fin de semana que en caso de que el líder nacionalista declare la independencia, se presentará una querella por rebelión en su contra, por la que podrían pedirse entre 15 a 30 años de prisión, según las circunstancias.

En tanto, esta semana el Senado de España inicia la tramitación parlamentaria del artículo 155 para Cataluña, con la reunión de la comisión encargada de revisar este asunto y que fue conformada este lunes por 27 legisladores.

El vicepresidente del Senado, Pedro Sanz, informó que da la bienvenida a la opción de que Puigdemont acuda a la cámara alta para ofrecer alegaciones, en una sesión sobre las medidas del artículo 155 constitucional que se realizará el jueves.

La otra opción es que participe el viernes en la sesión en la que el Senado votará ese paquete de medidas, que en caso de ser aprobadas entrarían en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que abre la intervención de la Generalitat.

Entre las primeras medidas propuestas por Rajoy están el cese de Puigdemont y todo su gobierno; limitar funciones al Parlamento catalán y disolverlo para convocar a elecciones antes de seis meses.

Asimismo, destacan el control de las finanzas de la Generalitat, el control de la policía catalana (Mossos d'Esquadra) y de los medios de comunicación públicos (Radio Catalunya, TV3 y Agencia Catalana de Noticias).

"A principios de 2012, constaté que Emilio Lozoya había conseguido una posición destacada en el principal partido de oposición en el país (el PRI), que disputaba las elecciones presidenciales de julio de 2012 y cuyo candidato era el favorito en las encuestas", dijo Weyll a los fiscales brasileños, de acuerdo con el expediente revelado el pasado 13 de agosto por la organización El Quinto Elemento Lab.

"Lozoya se había convertido en uno de los líderes del comité de campaña, por lo que probablemente se convertiría en una persona influyente en la administración pública del país", añade el expediente difundido también por el diario brasileño O´Globo.

Según el expediente citado, Weyll concertó un par de citas con Lozoya en marzo de 2012, justo cuando iniciaba la contienda electoral.

De acuerdo con el delator, en una de las reuniones se acordó transferir cuatro millones de dólares a Lozoya, quien en aquel entonces no desempeñaba ningún cargo público y sólo colaboraba en la campaña. Los depósitos se harían a dos empresas: Latin America Asia Capital Holding y Zecapan SA, ambas afincadas en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes.

Rodrigo Tacla, quien trabajó en el Departamento de sobornos de Odebrecht, declaró al diario El País de España el pasado 28 de julio que la compañía brasileña le había apostado a futuro a Lozoya, a quien veían como futuro Presidente, y confesó que una práctica común era invertir en las campañas en Latinoamérica para después conseguir contratos gubernamentales.

"El primer contacto se establecía en la campaña electoral. Odebrecht corría con los gastos del marketing político de los candidatos. (...) La constructora sugería después las obras que se incluían en los planes de gobierno", declaró Tacla, quien está en libertad provisional en España acusado de soborno y lavado de dinero.