*.- Con una llamada telefónica se resolvió, dice Mario Escobedo

TIJUANA BC 15 DE JULIO DE 2019 (AFN).- El gobierno federal canceló un cobro que ilegalmente hacía la Administración General de Aduanas por cada vehículo importado a la frontera, y dio vista a la Secretaria de la Función Pública al descubrirse que no había constancia alguna del destino de ese recurso, reveló Mario Escobedo Carignan, futuro Secretario de Desarrollo Económico de Baja California.

“Hablamos con el Secretario (de Seguridad Pública Federal) Alfonso Durazo, le habló el gobernador (electo) y me lo puso en la línea y dijo: dame tres días. A los tres días me habló un cuate y me dijo “a partir de hoy se deja de cobrar y además le quiero informar que estamos dando vista a la Secretaría de la Función Pública porque no hay antecedente de ese dinero, ni de que ingresó ni dónde fue a dar, no hay nada que diga por qué formó parte del despacho aduanero, si no pagabas el RePuVe no te dejaban sacar el vehículo, no te daban el despacho aduanero”, señaló Escobedo, quien ha sido dirigente del comercio organizado y delegado federal de la Secretaría de Economía en Baja California.

Escobedo Carignan citó el caso como un ejemplo de la serie de cosas que han empezado a cambiar en la frontera como parte de los compromisos adquiridos por el Presidente Andrés Manuel López Obrador con la frontera norte del país y su programa de zona económica especial.

El Registro Público Vehicular (REPUVE) es una Dirección General que depende del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el objetivo de otorgar seguridad jurídica a los actos que se realicen con vehículos que circulan en el territorio nacional mediante la identificación vehicular.

Según el portal del Secretariado Ejecutivo, en México no ha existido ningún Registro Público Vehicular cuyo objetivo sea la seguridad pública y jurídica, y el propósito del Registro Federal de Vehículos creado en 1977, era establecer solamente un control fiscal.

El Registro Nacional de Vehículos del 2 de junio de 1998, era un registro mercantil alejado del objetivo esencial de servicio público que sólo buscaba combatir la inseguridad jurídica en operaciones comerciales, además de que lo operaba una concesión otorgada a un particular.

El primero de septiembre de 2004, se publicó la Ley del Registro Público Vehicular, misma que entró en vigor a partir del día 2 de septiembre del mismo año. De la misma manera el 5 de diciembre del 2007 se publicó el Reglamento de ésta Ley a fin de ponerla en operación a partir del 4 de marzo del 2008. El día 3 de marzo se publicaron también en el Diario Oficial de la Federación los Procedimientos de Operación para sujetos Obligados que establece el Reglamento.

“Tengo años reclamando y demandando condiciones de competitividad que el gobierno por un motivo u otro no nos ha dado, hoy las cosas se empiezan a dar”, abundó Escobedo, quien recordó su insistencia y gestiones durante siete años, para que se eliminara ese cobro que ni siquiera aparece establecido en ley.

Por cada vehículo que se importaba, la aduana obligaba al pago de 62 dólares a través del Banco del Ejército y sólo mediante el comprobante correspondiente se emitía el despacho aduanero y se liberaba la entrega de la unidad.

Hoy, y luego de la llamada del gobernador electo, el cobro ya no existe, reiteró.