Magistrado anticorrupción no tiene dinero
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Magistrado anticorrupción no tiene dinero

TIJUANA BC - viernes 28 de junio de 2019 - AFN.
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•    Ni personal para comenzar a operar la sala especializada

TIJUANA, BC A 28 DE JUNIO DEL 2019 (AFN).- A dos meses de su designación, el magistrado estatal anticorrupción aprobado por el Congreso del Estado, no ha podido iniciar operaciones, porque todavía no se autoriza el presupuesto a ejercer para su desempeño, explicó hoy el propio funcionario, Iván Curiel Villaseñor.

Curiel disertó ante integrantes del Colegio de Abogados Emilio Rabasa, a quienes aseguró que no obedecerá consignas para hacer valer la ley en materia de responsabilidades administrativas de servidores públicos y ciudadanos, y que tiene garantizada la independencia y autonomía.

Curiel, quien fue acusado de ser impuesto por su presunto compadrazgo con el diputado priista Alejandro Arregui (quien participó en la designación), rechazó los señalamientos y sostuvo que solo atenderá expedientes “sin nombre ni apellido”.

“Soy muy respetuoso de los criterios que tengan diversas personas o comités ciudadanos respecto de mi designación, sin embargo, fue una aspiración legítima, fue una votación legitima dentro del Congreso. De 23 diputados que había al momento de mi elección 19 fueron los que me dieron esa confianza con su voto”.

Aclaró que en este momento tiene conocimiento de varios expedientes provenientes de las sindicaturas municipales de diferentes ayuntamientos, sin embargo no puede recibirlos aun ni darles cauce porque todavía no se ha definido la planta de personal que atenderá la sala especial creada para atender estos temas.

Desmintió versiones periodísticas en el sentido de que ya está recibiendo un jugoso sueldo y precisó que todavía no recibe un solo cinco porque no está resuelta la definición presupuestal para la sala, y además esta ha no ha sido formalmente instalada, lo que, confió, ocurrirá posiblemente en un mes más.

Curiel Villaseñor destacó la gran oportunidad que representa para Baja California, el contar con una sala especializada que atienda los casos de corrupción que pudieran quedar enmarcados en lo previsto por la ley de responsabilidades administrativas.

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