MEXICALI, BC A 21 DE JUNIO DEL 2019 (AFN).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió un recurso de acción de inconstitucionalidad en contra del decreto 335, aprobado por el Congreso local, el cual tiene como fin el endeudamiento de las finanzas del estado para la construcción de la planta desalinizadora, de una nueva vialidad en Tijuana, y el refinanciamiento de deuda pública, afirmó la diputada local Victoria Bentley Duarte.

La legisladora, quien llegó al escaño de la mano del PAN sin embargo, actualmente es allegada a Morena, afirmó que la SCJN admitió el recurso este viernes, el cual fue presentado por diez diputados de diferentes fracciones, incluyendo al del partido aún en el poder.

Dicho recurso fue avalado por la misma Bentley Duarte, Bernardo Padilla Muñoz, Héctor Mares Cossío, José Antonio Casas del Real, José Luis Bribiesca, Rocío López Gorosave, Teresa Valeriano, Miguel Osuna Millán y Nibardo Flores.

Al respecto, Bentley explicó que dicho documento detalla que la votación con la que se aprobó el dictamen de dicho decreto no era de obvia y pronta resolución, y los legisladores no contaban además con la documentación necesaria para conocer lo que se estaba votando.

Agregó que otra inconsistencia de dicho decreto es el endeudamiento para la construcción de una vialidad en Tijuana, lo cual representaría un gasto de 29 millones de pesos al mes, durante 27 años, el cual sería pagadero por los transportistas o por el propio gobierno estatal en caso de que el flujo sea menor al programado.

Bentley Duarte precisó que el mismo dictamen establece el pago mensual para la planta desalinizadora, con recursos procedentes del impuesto sobre nómina el cual, dijo, dicho recurso debe ser para el fomento a la generación de empleo, y acusó una falta de análisis y dictamen previo emitido por el Órgano de Fiscalización.

El recurso de inconstitucionalidad pide la acción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para la suspensión del endeudamiento de las finanzas del estado, el cual supera los 12 mil millones de pesos, y quede sin efecto el dictamen aprobado el pasado 29 de marzo.