ENSENADA BC 23 DE MARZO DE 2019 (AFN).- “Jurídicamente la instalación de parquímetros provocaría una doble tributación y violenta leyes de urbanización que determinan que los comerciantes establecidos deben otorgar estacionamiento a sus clientes. Mientras que, socialmente, organizaciones de la sociedad civil, organismos intermedios, de profesionistas y empresarios han manifestado su rechazo a la medida propuesta por la administración municipal”, declaró el diputado federal Armando Reyes Ledesma, del Partido del Trabajo (PT).
Indicó que es necesaria una auditoría que transparente el proceso de concesión otorgada a la empresa Iber Parking S. A. de C. V., que ganó la adjudicación para la instalación de 3 mil parquímetros en la zona centro de la ciudad de Ensenada.
Destacó que hay un rechazo generalizado por parte de la sociedad ensenadense, por la aprobación en Cabildo de esa concesión a la empresa, misma que tiene antecedentes negativos en el municipio de Tecate, Baja California; por lo que es urgente que el gobierno municipal de Ensenada transparente el proceso realizado para concluir en la instalación de esta medida recaudatoria, planteó el legislador federal.
Precisó que la administración de Marco Novelo Osuna, en todo proyecto de gran impacto, en obras o servicios a privatizar, no tiene la capacidad de resolver, ya que debe fundamentar técnica, jurídica, social y políticamente una concesión a un particular para prestar un servicio al que está obligado otorgar el municipio constitucionalmente.
Reyes Ledesma aclaró que el cobro por estacionamiento en la vía pública no debe considerarse como un servicio que pueda concesionarse a un particular, ya que técnicamente los colegios de profesionistas, arquitectos e ingenieros, así como ciudadanos en lo particular coinciden en que la instalación de parquímetros no resuelve el problema de falta de estacionamiento e inseguridad pública que padece la zona centro de Ensenada; además dijo que el gobierno municipal no tiene la capacidad para vigilar que esta medida sea aplicada y políticamente, es una medida equivocada porque no se propuso llegar a un consenso con los sectores afectados al implementar esta medida, es decir, no hubo una socialización previa del tema.
El diputado federal anticipó que si las instancias municipales y estatales no realizan una auditoría al proceso de licitación y se transparenta esta medida, como representante de los ensenadenses en la Máxima Tribuna del País, propondrá la intervención de la Auditoría Superior de la Federación para frenar esta medida, que sencillamente es un abuso al pueblo de Ensenada, enfatizó.
