Modificarán Decreto 57 para contratar créditos
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Modificarán Decreto 57 para contratar créditos

Tijuana BC - viernes 11 de enero de 2019 - AFN.
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* A favor de proyectos de APP, advierte diputado Moreno

TIJUANA BC 11 DE ENERO DE 2019 (AFN). – A 11 días de haber vencido el plazo que los organismos operadores de agua tenían para contratar créditos que cubrirán las garantías a las empresas contratadas bajo el esquema de Asociación Publico Privada, el gobierno estatal se prepara para promover una reforma al decreto 57 del año 2016, a fin de extender dicho plazo, advirtió el diputado local Luis Moreno.

El legislador reveló el contenido de un comunicado recién emitido desde las Islas Caimán por la trasnacional Consolidated Water, propietaria del proyecto de Desalinizadora en Rosarito, en que informan a sus asociados de la nueva complicación que presenta el proyecto.

En dicho comunicado, la trasnacional recuerda a sus socios que el citado Decreto tiene como propósito autorizar a las entidades de gobierno contratantes a contraer créditos para cumplir obligaciones de pago a las empresas responsables de los proyectos, específicamente el relativo a la construcción de la planta desalinizadora de Rosarito, sin embargo la vigencia venció el ultimo día de diciembre pasado, y será necesario ampliar dicho plazo.

A través de su ejecutivo Rick McTaggart, la empresa informa a sus socios que debido a este panorama, funcionarios del gobierno estatal les han asegurado que promoverán una reforma el Decreto 57, como se hizo posteriormente a través del Decreto 68, para que la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana pueda contratar deuda para cubrir las garantías demandadas por Consolidated Water.

Luis Moreno cuestionó la decisión del gobierno estatal de mantener los adeudos y compromisos de pago que implican los proyectos de APP, cuando la administración estatal tiene tantos compromisos no cubiertos con sectores como el magisterio, y las finanzas han entrado a un punto tan crítico.

“¿Cómo es posible que les digas a los maestros que no hay dinero pero estas metiendo 300 millones de pesos en garantías para apps que no han sido socializadas, ni explicadas y no tienen coherencia?”, aseguró Luis. 

El decreto 57, aseveró el legislador, decía con toda claridad que la CESPT tenía hasta el 31 de diciembre para haber contratado créditos bancarios y no lo hicieron, “y si no lo hicieron significa que en este momento el contrato no tiene vigencia ni valor jurídico”.

Resolverlo implicaría que el Congreso volviera a legislar para modificar la vigencia del Decreto 57, con la misma cantidad de votos y las condiciones favorables para lograr ese objetivo, lo que consideró más complicado. “Está demasiado descompuesto el tema de la desaladora”.

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