* Por 228.2 millones  de pesos, relacionados con predio

TIJUANA BC 10 DE ENERO DE 2019 (AFN).- La síndico procuradora, Ana Marcela Guzmán Valverde, presentó una denuncia contra quien resulte responsable por delitos de "fraude, fraude procesal y delitos contra la administración de la justicia", para lo cual asistió a la Agencia de Delitos Patrimoniales de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

Esta denuncia, se informó, obedece a la reciente resolución de un Juez de Distrito, donde se obliga al 22 Ayuntamiento al cumplimiento forzoso de una sentencia dentro del amparo 176/2017, por la cantidad de 228 millones 185 mil pesos, relacionados con el predio de la Comandancia Regional Margarito Saldaña Rivera y la Unidad Deportiva José Santos Meza.

La sindicatura, se dio a conocer, cumple ordenamientos de la Ley del Régimen Municipal y del Reglamento de la Administración Pública Municipal, como instancia indicada para presentar querellas o denuncias contra servidores públicos que incurran en algún acto ilícito.

Guzmán Valverde destacó que la denuncia obedece a la resolución del Juzgado Tercero Civil de Mexicali, en relación a los incidentes de cumplimiento de convenio, gastos y costas, mismas resoluciones que causaron estado o cosa juzgada desde 2015; que obligan al Ayuntamiento a pagar la citada cantidad relacionados con los dos predio, ambos en la delegación La Mesa.

"Ex servidores públicos actuaron negligentemente, al omitir invocar excepciones al contestar la demanda, no negaron las prestaciones, no señalaron domicilio procesal en Mexicali, y al celebrar el convenio donde el ex síndico procurador asume la deuda de gobierno del Estado, no fue autorizado o validado dicho convenio por el cabildo del Ayuntamiento de Tijuana, además que el ex síndico reconoció pagar intereses, cuando éstos ya habían sido renunciados por el particular que firmó el contrato de promesa de compraventa", se informó en un comunicado.

La síndico recordó que el gobierno estatal, en 1995 celebró un contrato de promesa de compraventa con un particular (Roma Food Enterprise de México S.A. de C.V.), condicionado a que el Congreso del Estado lo autorizara, situación que no aconteció, ya que en 2010 el Congreso del Estado decidió donar el inmueble al Ayuntamiento.

“Al no concretarse el contrato, el particular en 2009 presentó una demanda en contra del gobierno del Estado, quien a su vez mandó a llamar como tercero al Ayuntamiento de Tijuana, mismo que en 2009 contestó la demanda y en 2010 celebró un convenio a través del síndico municipal, en el cual asumió el carácter de deudor sustituto, comprometiéndose a pagar la deuda de la administración estatal”, sostuvo Guzmán Valverde.

Subrayó que la demanda se sustenta en una promesa de venta donde el hoy demandante entregó 1 millón de pesos por un predio de 118 mil metros cuadrados, el cual nunca fue devuelto.

“Anteriores administraciones no atendieron los llamados de la Consejería Jurídica y existen muchas irregularidades en la forma como contestaban las demandas o simplemente no contestaban, razón por la que estamos presentando esta denuncia contra quien resulte responsable”, puntualizó Guzmán Valverde.