TIJUANA BC 11 DE DICIEMBRE DEL 2018 (AFN).- Aplicar la nueva legislación en materia de desarrollo urbano y protección civil, que establece estrictas regulaciones para evitar la apertura de nuevas estaciones de almacenamiento de gas LP en colonias populares, exigió la Asociación Civil “Retos y Logros Cumplidos”.

Jorge Alberto Germán Escárcega, abogado del organismo ciudadano, sostuvo que al aplicar las leyes vigentes en la materia, las autoridades garanticen el desarrollo de las familias en ciudades seguras.

El litigante recordó que durante este año, el Congreso del Estado dio importantes avances, al aprobar reformas en las leyes de desarrollo urbano y de protección civil.

Como parte de las reformas legales, en materia de protección a  la ciudadanía, destacan las modificaciones a la Ley de Desarrollo Urbano, que prevé estrictas regulaciones para el otorgamiento de autorizaciones para la instalación de establecimientos que comercializan Gas LP, explicó.

Dicha reforma se publicó en el Periódico Oficial del Estado el día 13 julio de 2018, mediante la cual se prohíbe que las autoridades Municipales continúen otorgando más permisos para instalación de plantas de almacenamiento, distribución y estaciones de carburación, en las colonias y centros de población existentes en los municipios de Baja California, explicó el abogado defensor de la asociación civil.

Agregó que se ordena que esas negociaciones sólo puedan instalarse cumpliendo con la planeación estatal, en nuevos fraccionamientos en los que se les tenga asignada un área específica que cumpla con las medidas de seguridad y servicios necesarios para garantizar el derecho que tienen todos los residentes a vivir en ciudades seguras, libres de riesgos. 

Sin embargo, destacó que las autoridades municipales se resisten a cumplir con esas reformas, pues siguen otorgando permisos sin cumplir con la de desarrollo urbano vigente, y además los permisos que se siguen otorgando violan la moratoria que emitió el Cabildo de Tijuana, que prohíbe otorgar autorizaciones para establecimientos de gas LP, a partir de noviembre  de 2016 hasta la fecha. 

Resaltó que sin justificación alguna se pone en riesgo a la ciudadanía, al permitir que se sigan instalando más negociaciones que no cumplen con la ley ni con las medidas de seguridad, y que tarde que temprano pueden ocasionar  daños a la salud, al medio ambiente y la población. 

En este sentido, el litigante tijuanense destacó que por lo que es necesario que el Congreso del Estado, tome cartas en el asunto, y a través de sus comisiones exhorte a las autoridades Municipales para el cumplimiento de la ley. 

Advirtió que, de lo contrario, será necesario que se dicten leyes que sanciones como delito con pena de cárcel para los servidores públicos que sigan con el otorgamiento de permisos para la instalación de establecimientos de gas L.P., que no cumplan con la ley y que pongan en riesgo a la ciudadanía.