TIJUANA BC 20 DE ABRIL DE 2012 (AFN).- El diputado local Francisco Javier Sánchez Corona, presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso del Estado, señaló que han atendido quejas de personas, y visto casos muy concretos, donde han detectado que programas oficiales y funcionarios públicos, en horario de trabajo, han utilizado programas públicos para fortalecer o apoyar a un candidato determinado.

En entrevista realizada hoy con Agencia Fronteriza de Noticias (AFN), el legislador estatal afirmó que esta semana, por lo arriba señalado, fue que se aprobó una iniciativa para vigilar que los recursos y servidores públicos no utilicen su tiempo para efectos electorales.

Manifestó que, por parte de las siete fracciones políticas representadas en el Congreso de Baja California, se realizó la propuesta para garantizar el buen uso de los recursos públicos tanto de los municipios como del Estado en el marco del proceso electoral.

Los funcionarios que llegaran a ser detectados en actos proselitistas podrían llegar a presentar sanciones como la destitución, inhabilitación y sanciones de carácter económico, señaló.

Principalmente, estas actividades proselitistas las han detectado al sur de Ensenada, con una dependencia federal; así como los municipios de Mexicali y Tijuana, funcionarios que participan en horarios de trabajo.

“Oficinas completas han dejado de funcionar en este proceso electoral lo que da cuenta que están utilizando su tiempo y el recurso público en actividades de proselitismo electoral, lo cual está prohibido”, apuntó Sánchez Corona.

Advirtió, aunque no presentó casos concretos, que el propio recurso humano del Congreso del Estado se encuentra ajeno al desarrollo de su trabajo, y que "cuando no hay sesión, las oficinas están vacías".

Por ello, aprovechó el medio para hacer un llamado a los servidores públicos para que se dediquen a realizar en forma su trabajo.

Por el momento se encuentra dialogando con las personas para que realicen las denuncias correspondientes, ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) para que pueda realizar las indagatorias de Ley, aunque aceptó que se han enfrentado a la problemática de que las personas no quieren realizar las denuncias.