•  Exhiben carencias, rezagos y dilación mediante manta

•  Se quejan de insalubridad, plagas de arácnidos y ratas

TIJUANA BC 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 (AFN). – Cansados de solicitar durante varios años inútilmente la apertura de más juzgados, integrantes del Colegio de Abogados Ignacio Burgoa Orihuela colocaron esta mañana una manta en el edificio de juzgados civiles exhibiendo sus desatendidas demandas, para que se resuelvan un sinnúmero de rezagos que afectan a litigantes y usuarios del Poder Judicial.

Se trata de solicitudes entregadas formalmente a los últimos tres presidentes del Poder Judicial del Estado, que hasta la fecha, han permanecido sin respuesta agravando el de por si severo problema de saturación, carga de trabajo, y retraso en el despacho de los diferentes asuntos que se promueven en los tribunales, particularmente los del orden familiar, explicó Yerie Vázquez Alfaro, presidente del citado colegio.

Tijuana, explicó, tiene apenas tres juzgados de lo familiar y cada uno inicia un promedio de tres mil expedientes por año cuando los estándares internacionales sugieren un máximo de 500, y esto es independiente del rezago de años anteriores. Una consecuencia de ello, por ejemplo, es que muchas de las audiencias tengan una lista de espera de hasta tres meses, lo que para muchos ciudadanos puede representar una seria afectación.

Un caso típico es el de quienes gestionan pensiones alimenticias para sus hijos, y que dependen de ese recurso, y que además pagan la consecuencia de la falta de un mecanismo ágil que permita a los padres de familia, recibir y cobrar tales pensiones, porque con el sistema actual ocurre frecuentemente que los usuarios están sujetos a un fondo que se agota con rapidez y que los obliga a regresar al día siguiente para alcanzar turno y cobrar el dinero, y no es raro que muchas de estas personas vengan desde lejos, con dinero limitado para sus transportes y regresan con las manos vacías, explicó Vázquez Alfaro.

El Presidente del Colegio también refirió la falta de una legislación actualizada que ha llevado a los jueces de lo familiar a resolver  expedientes en base a jurisprudencia de la Suprema Corte, que cada quien interpreta según su visión a falta de normas locales claras en la materia.

Otra limitación consiste en el hecho de que es responsabilidad del tribunal determinar la capacidad de pago de una persona demandada para cumplir con la cobertura de pensión alimenticia, pero esto solo es posible mediante un estudio socioeconómico que el Poder Judicial no puede resolver porque no cuenta con trabajadores sociales entre su personal. Todas estas irregularidades finalmente contradicen el discurso oficial en torno a garantizar una justicia pronta y expedita, añadió Vázquez Alfaro.

Los problemas no se limitan a eso. El personal de los juzgados debe trabajar en condiciones de insalubridad, con sistemas de aire acondicionado que no siempre funcionan en época de verano, baños sucios frecuentemente sin agua ni papel sanitario o para secarse las manos, con pasillos inundados por expedientes que ya no caben en el almacén de archivo muerto de que dispone actualmente el Poder Judicial, y un elevador que constantemente se descompone.

En este último caso, las personas discapacitadas deben ser subidas manualmente por las escaleras, lo que también ocurre cuando necesitan usar los baños, que se hallan ubicados en pisos intermedios donde el elevador no llega. Sillas en mal estado o falta de sillas es parte del escenario.

Personal que debe llevar sus propias resmas de papel para la prestación del servicio, abogados que deben pagar copias de expedientes para la práctica de diligencias de parte de actuarios, quienes además carecen de parque vehicular para los traslados, dijeron a Agencia Fronteriza de Noticias, litigantes que pidieron el anonimato para evitar represalias como ya ha ocurrido en casos anteriores.

Plagas de arácnidos, presencia de ratas y hasta garrapatas y acumulamiento de basura, son otros de los problemas surgidos de la falta de mantenimiento de las instalaciones, lo que pone en riesgo sanitario al personal, litigantes y usuarios del sistema.