*.- Tijuanenses que invaden terreno de EU tienen ocho días
*.- Se niegan a revertir ampliación de sus casas en Playas de Tijuana

Por: ENRIQUE GARCÍA SÁNCHEZ
Imágenes: ISRAEL MARTÍNEZ PÁEZ

TIJUANA BC 10 DE JUNIO DE 2018 (AFN).- Durante años, y con el disimulo de autoridades municipales, tres familias de clase media alta, residentes del exclusivo fraccionamiento Terrazas de Mendoza de Playas de Tijuana, ampliaron sus viviendas hasta invadir una franja pegada al cerco fronterizo. En menos de ocho días deberán demoler esas obras o de lo contrario lo harán autoridades norteamericanas como parte de los trabajos para sustituir el muro que divide a ambos países.

De hecho, la responsabilidad de hacer cumplir un decreto presidencial que establece el derecho de paso aledaño a la valla fronteriza, construida con desechos de materiales utilizados durante la guerra del Golfo a principio de los años noventa, es del ayuntamiento local a través de su oficina de Control Urbano, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.

Esta dependencia local ya notificó incluso a los vecinos, desde hace aproximadamente un mes sobre la obligación de desalojar la zona invadida, afirmó Guillermo Alonso Meneses Director del Departamento de Estudios Culturales del Colegio de la Frontera Norte (Colef), quien conoce el tema de cerca y dijo que eventualmente los propietarios podrían incluso intentar ampararse contra el gobierno municipal.

Sin haberse convertido todavía en un incidente internacional, el tema de dicha invasión está en los escritorios de Washington y la capital del país mexicano, luego que el Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos (Homeland Security), pidió al gobierno mexicano resolver el problema y proceder no sólo en este caso, sino en otros dos que se documentaron a lo largo de los 21 kilómetros de frontera donde el cerco actual será sustituido a partir del próximo 18 de junio.

Las familias señaladas, cuyos nombres han sido mantenidos en reserva, se han negado a demoler sus obras de ampliación, y también le negaron el acceso a reporteros a la exclusiva sección de este fraccionamiento, de clase media alta, creado a fines de los años setenta.

A diferencia de lo ocurrido en 1993, esta vez no serán militares quienes retiren la valla de tres metros de altura y la sustituyan con una barrera tubular de 10 metros de altura y dos de profundidad, explicó el ingeniero Roberto Espinosa Mora, representante local de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA)

Según la Patrulla Fronteriza, esta vez las obras estarán a cargo de civiles, empleados de una constructora Tejana, como parte de un proyecto de 147 millones de dólares aprobados durante la administración del hoy ex presidente Barak Obama.

Estos trabajos iniciarán prácticamente a la altura de la zona invadida por los particulares, quienes incluso están ocupando territorio norteamericano. 

Según la explicación de Espinosa Mora, algo que el común de los tijuanenses desconoce, es que el cerco fronterizo se localiza estrictamente en terreno estadunidense, y la ampliación de las viviendas invade ese espacio entre el cerco y las mojoneras que fijan los límites, de conformidad con lo establecido en los tratados de Guadalupe Hidalgo.

Fue en septiembre del año pasado, cuando el Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos (Homeland Security), pidió a través de la contraparte norteamericana de CILA, hacer lo necesario para sea despejado el terreno aledaño a la valla fronteriza, para la realización de los trabajos.

El funcionario mexicano explicó que la oficina a su cargo, pidió al gobierno municipal la intervención de su departamento de control urbano en el caso de las tres viviendas, ampliadas hasta topar con el cerco, aparentemente en un intento por cerrar los accesos y evitar con ello la presencia de delincuentes en la zona. 

Una fuente municipal reveló extraoficialmente que permitieron dichas obras a petición de los vecinos, quienes vieron en esa acción la posibilidad de cerrar el paso no sólo a indocumentados sino a delincuentes, y evitar el robo domiciliario.

No obstante, según el decreto presidencial que desde 1943 regula el manejo de la zona aledaña al cerco internacional, de cada lado debe quedar libre una franja de aproximadamente 20 metros de ancho, que debe funcionar como un área de servicio, y en ésta no podrá existir ningún tipo de estructura fija ni permanente.

A menos de un kilómetro de estas viviendas, confirmó también Espinosa, un particular decidió llevar a cabo obras para un desarrollo, con las que puso en riesgo la estabilidad del terreno donde se ubica uno de los monumentos que establece los límites territoriales entre ambos países, socavando la base de una ladera con un corte demasiado alto.

Un tercer sitio identificado por las autoridades norteamericanas, es un grupo de viviendas, donde otras obras terminaron invadiendo el límite fronterizo en la zona de Mesa de Otay, cerca del sitio donde constructoras particulares levantaron los ocho prototipos de muro fronterizo contratados por la administración del Presidente Donald Trump, quien visitó recientemente la zona.

Por la altura y peso de las estructuras, el contratista norteamericano deberá utilizar grandes grúas y todo tipo de equipo pesado para las maniobras de instalación de la nueva barrera fronteriza, y según el investigador del Colef, Alonso Meneses, en el pasado obreros norteamericanos han tenido que trabajar en el territorio mexicano, en donde ha existido una colaboración entre ambos gobiernos para que eso suceda, y como parte de la cual México ofrece un permiso tácito.

En esta ocasión, autoridades estadunidenses pidieron “en corto” y extraoficialmente al gobierno mexicano, la autorización para llevar a cabo las maniobras incluso en una franja del territorio mexicano, sin embargo la administración de Enrique Peña Nieto se negó a ello, según confió a Agencia Fronteriza de Noticias un diplomático, bajo condición de anonimato.

Mientras tanto, ningún amparo salvará a los residentes de Terrazas de Mendoza, cuando la maquinaria norteamericana retire el viejo cerco fronterizo, y demuelan como mínimo, la parte de la ampliación de las viviendas que invade suelo estadunidense.