TIJUANA BC 22 DE MAYO DE 2018 (AFN).- La construcción de la planta desalinizadora de Rosarito no es un hecho inevitable, y de hecho es un proyecto que se dirige al fracaso debido a los serios problemas que enfrenta, afirmó el diputado local, Luis Moreno.

“Yo he dicho y lo sostengo, la primera piedra que colocó hace mes y medio el gobierno en los terrenos embargados de la empresa, fue la primera piedra pero también fue la única y la última”, dijo el legislador tras informar que sigue en proceso la acción de inconstitucionalidad promovida para revertir la sesión legislativa en que se aprobó comprometer recursos públicos por 37 años para dar garantías a dicha empresa.

“No es inevitable (la construcción y operación de la planta) cuando hay un régimen de corrupción e impunidad que no informa y que tiene cómplices también”, explicó el legislador del partido Encuentro Social de Baja California (próximamente Transformemos), creo que la sociedad bajacaliforniana ha despertado y habemos un grupo de personas en la función pública que queremos representar a la gente sin corrompernos, buscando la justicia y sobre todo buscando cuidar el dinero de la gente”.

Moreno explicó que la acción de inconstitucionalidad promovida por 11 de los 25 diputados locales, está en etapa de instrucción, en la recepción de alegatos de las partes, luego que la presente legislatura empeñó el futuro que futuras legislaturas podían decidir, al decidir cómo se va a distribuir el recurso público durante 37 años, por un total de 77 mil millones de pesos.

La empresa desalinizadora pidió tres garantías: los ingresos de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana depositados en un fideicomiso a disposición de la empresa, el ingreso por el Impuesto Sobre Nómina, que esta etiquetado para educación; y los excedentes de partidas federales.

“¿Cómo es posible que esta legislatura pueda determinar desde ahorita, durante 37 años, el destino de esos?, eso le corresponde a cada legislatura durante su trienio y estamos diciendo a la Suprema Corte que desde luego que hubo una invasión de facultades”, precisó el diputado local. “Si la razón jurídica impera, si la legalidad y la justicia prevalecen, entonces tendría que derogarse o abrogarse lo que se dictaminó el primero de diciembre y esto significaría que se tiene que llevar a cabo de nuevo el proceso parlamentario y volverse a votar”.