TIJUANA BC 8 DE ABRIL DE 2018 (AFN).- El reportero Antonio Maya Escamilla, quien labora en la Jornada Baja California, presentó una denuncia la cual quedó asentada en el expediente 0204-18  16075 ante la Procuraduría de Justicia del Estado (PGJEBC), por delitos de abuso de autoridad, lesiones, daños físicos y morales.

Lo anterior, derivado de la golpiza que recibió por parte de policías municipales de Tijuana en función de su trabajo periodístico realizado durante el desalojo de un predio localizado en la colonia Corona del Mar, en Playas de Tijuana, mejor conocido como “El monumento”.

La denuncia se presentó contra el Ayuntamiento de Tijuana, el Secretario de Seguridad Pública, Marco Antonio Sotomayor; el asesor jurídico del municipio, Leonardo Martínez Delgado y contra quien resulte responsable de ordenar y ejecutar la agresión de la que fue objeto y de la cual resultó con esguince cervical.

En su denuncia, el reportero señaló que cuando llegó al predio había cerca de 60 patrullas y camionetas de la policía municipal, y alrededor de  100 o más policías que desalojaron a cerca de 60 a 80 pobladores de dicho predio. Es extraño –destacó- que los policías indicaran que los confundieron con delincuentes, en especial en el caso del periodista golpeado, José Luis Camarillo, pues éste lleva cubriendo la fuente policiaca y conviviendo con los policías más de 10 años. 

La cantidad de policías que participaron, dijo, permite la duda de si actuaron por propia iniciativa o recibieron una instrucción.

La golpiza se dio después de que Maya y otros periodistas cuestionaran al asesor jurídico del Ayuntamiento por no mostrar la supuesta resolución de un juez ordenando el desalojo, como pedían los ocupantes del terreno afectados por el supuesto mandato judicial. Los colonos manifestaron  a los reporteros que si se les mostraba el documento ellos desalojarían pacíficamente el predio, lo cual no sucedió. 

Posterior a ser valorado por el médico legista y presentar la denuncia penal correspondiente, Antonio Maya acudió a las instalaciones de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California para levantar la queja correspondiente.