Alertan sobre probable madruguete legislativo
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Alertan sobre probable madruguete legislativo

Tijuana BC - miércoles 7 de febrero de 2018 - AFN.
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• Sobre ley del agua, dice  COCI

TIJUANA BC 7 DE FEBRERO DE 2018 (AFN).- Los bajacalifornianos no deben descartar un nuevo madruguete para intentar revivir el proyecto de Ley Estatal del Agua promovido por el gobernador Francisco Vega de Lamadrid, aun cuando de momento parece haberse “dado por bien servido” con la aprobación del dictamen 95 que otorga garantías a los inversionistas de las plantas desalinizadoras, advirtió Carlos Atilano peña, coordinador del Consejo de Organizaciones Ciudadanas Independientes.

Atilano Peña cuestionó al diputado local Marco Antonio Corona Bolaños Cacho, presidente de la Comisión de Energía y Recursos Hidráulicos del Congreso Local, porque han transcurrido 9 o 10 meses, sin que haya avanzado la iniciativa de Ley Estatal del Agua que COCI propuso formalmente a la legislatura en uno de sus foros, cuando supuestamente buscaban un consenso social sobre el tema, luego de haber revertido la Ley Estatal del Agua que propuso el gobernador del Estado y que habían impuesto.

El dirigente acusó al diputado local y coordinador de la bancada priista en el Congreso, Alejandro Arregui, de haber servido de comparsa al gobierno estatal y la bancada panista, al validar con su presencia el pasado primero de diciembre, la sesión legislativa en que se aprobó el dictamen 95 y su correspondiente decreto, el 168, solicitado por los inversionistas involucrados en los proyectos de desalinizadoras.

“Debería tener vergüenza”, añadió Atilano Peña al referirse a Arregui como “el gran simulador. Y ahora quiere ser el gran representante”, por la vía de la candidatura al Senado de la Republica para la cual encabeza la primera fórmula desde el pasado fin de semana.

Recordó que la propuesta de COCI contempla tres aspectos destacados: El primero es que el acceso al agua debe ser considerado un derecho humano, para alinear la legislación estatal a la federal y los tratados internacionales que México comparte.

El segundo es que se establezca de manera explícita la prohibición de privatizar el agua en Baja California, y finalmente, que se municipalice la administración del agua.

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