• De la Ley de Seguridad Interior

TIJUANA BC 15 DE ENERO DE 2018(AFN).- Con sus ambigüedades y pasajes violatorios de la Constitución, la Ley de Seguridad Interior exhibe la existencia de un estado y una sociedad fallidos y nos encamina como país a un riesgo mayor, el de un gobierno de tribunales.

No obstante, de forma encubierta la nueva ley crea una figura de mando único en el país, reforzando con ello una tendencia nacional a centralizar la vida nacional mediante leyes y códigos en materia de familia, acción penal, y otros ámbitos, haciendo a un lado el modelo federalista conocido hasta la fecha.

Así lo afirmaron los ex procuradores de derechos humanos de Baja California, José Luis Pérez Canchola y Heriberto García García, al hablar esta mañana ante el Grupo 21 sobre la nueva norma federal.

Pérez Canchola consideró valido el reclamo de las fuerzas armadas para tener una mayor protección de orden legal, ante los riesgos que les significa hacer tareas de seguridad pública, y considerando el desgaste que esto ha provocado a la imagen de la institución, independientemente del costo en vidas de sus integrantes.

Lamentablemente, dijo, los gobiernos civiles no han cumplido con su responsabilidad en la materia, y esto hace previsible incluso un mayor desgaste para las fuerzas armadas. En tales condiciones, México vive las consecuencias de un gobierno fallido pero también de una sociedad fallida.

“La administración que viene tiene que tomar decisiones más a fondo. No podemos dejárselas solo a gobernadores y alcaldes”, dijo Pérez Canchola. “El tema de la seguridad es tan serio que no podemos dejarlo a los políticos”.

Heriberto García señaló a su vez que la aplicación de la nueva ley tendrá consecuencias económicas para estados y municipios, pues establece que el costo operativo de la presencia de las fuerzas armadas será cubierto por ellos y “por ahí les va a doler”.

Otro gran riesgo para las fuerzas armadas, es un mayor desgaste ante la posibilidad de que no pueda cumplir las expectativas que se ha impuesto a sí mismo y que otros han depositado en ellas.

El también ex delegado de la CNDH reiteró que hay que tener “mucho cuidado con el gobierno de los jueces”, porque conforme queden en sus manos las definiciones y clarificaciones de la ley por la vía del amparo, ellos estarán prácticamente dictando políticas públicas en la materia.

El problema es que, agregó, “las decisiones quedan en manos de una elite porque el juez vive en una burbuja. Está sustraído de la realidad social, y eso es riesgoso”.