*.- Recurso contra garantías a empresas tardará meses
TIJUANA BC 5 DE ENERO DE 2018 (AFN).- Que un funcionario de "segundo nivel" del gobierno de Baja California haya señalado de improcedente el recurso que 11 diputados presentaron contra el Decreto 168, que pretende garantizar más de 150 millones de pesos a la empresa que operará las desalinizadoras, refleja una "abierta intromisión" del gobernador, Francisco Vega de Lamadrid.
Así lo expresó uno de los principales promoventes del recurso actualmente en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el legislador Luis Moreno Hernández, quien señaló que es negativo que el ejecutivo se involucren asuntos que atañen al Congreso Local.
El argumento del funcionario del área jurídica detalla que una acción de inconstitucionalidad como la que pretenden los opositores en el Congreso debe hacerse en contra de una Ley, y no en contra del Dictamen 95, aprobado el 1 de diciembre de 2017, y que horas después se convertiría en el Decreto 168.
En una rueda de prensa anunciaron -como este medio informativo ha dado seguimiento- que un evidente "madruguete legislativo" y otras violaciones a los procedimientos vuelven inválido el esfuerzo de la administración por dar recursos a una corporación.
Además, el legislador del Partido Encuentro Social de Baja California (PES BC) señaló que la Ley de Disciplina Financiera obliga a las entidades a tomar esa clase de decisiones por mayoría calificada, es decir, por más de la mitad de quienes integran el Congreso, y no por la mayoría de quienes estaban presentes en el recinto legislativo con sede en Mexicali.
Llamó la atención que los 11 promoventes no estuvieron presentes en la rueda de prensa de este viernes, sino solamente Moreno Hernández y el diputado por el Partido MORENA, Catalino Zavala. El argumento fue que los legisladores comisionaron a ambos para dar el anuncio.
Fueron los diputados del PES, PRI, MORENA, PT, PBC y el panista Miguel Osuna Milán quienes firmaron el recurso que podría tardar hasta medio año en poder de un magistrado de la SCJN.
"¿Quiénes están detrás de estas decisiones?", fue la pregunta de Moreno Hernández en la rueda de prensa, y explicó que actualmente el combate no es contra el PAN sino contra una "élite económica" que ignora la normatividad con tal de imponer sus negocios, con la complacencia de las autoridades locales.
Estimaciones del diputado señalan que se están comprometiendo hasta 77 mil millones de pesos del erario de Baja California durante al menos 32 años.
