*.- Ciudadanos denuncian por lo menos 17 gaseras 

TIJUANA BC 4 DE ENERO DE 2018 (AFN).- Empleados de Desarrollo Urbano Municipal están siendo investigados por la Sindicatura por presuntamente entregar permisos para centros de distribución de gas irregulares en distintos puntos de la ciudad, informó la síndico del ayuntamiento de Tijuana, Ana Marcela Guzmán Valverde. 

Al menos seis empleados, tanto del gobierno del ex alcalde Jorge Astiazarán como de la presente administración, se encuentran incluidos en el expediente de la Sindicatura, que una vez que determine alguna responsabilidad habrá de determinar la sanción que corresponda de acuerdo a la normatividad. 

Sin embargo, una organización ciudadana que ha denunciado el otorgamiento de esos permisos de Uso de suelo y Edificación, argumenta que se está violentando la Ley de Desarrollo Urbano y una moratoria expedida por el Cabildo anterior. Se trata del menos 17 gaseras que han sido denunciadas tanto en el órgano de control municipal como en el Ministerio Público. No obstante, hasta el momento hay cuatro expedientes abiertos en la Sindicatura. 

Guzmán Valverde confirmó la moratoria expedida en una sesión de Cabildo del 1 de noviembre de 2016, por lo que evidentemente no se podían entregar ese tipo de permisos en tanto que –según los términos de la moratoria- se lleve a cabo un dictamen en la materia.

Esa clase de permisos empezaron a ser entregados en el gobierno anterior y continuaron –dijo la síndico- en el presente gobierno. No descartó que los responsables sean inhabilitados, la Sindicatura solo puede sancionar a los funcionarios públicos involucrados, y no a las empresas que hayan recibido los permisos irregulares. 

Las quejas que presentó la agrupación Retos y Logros fueron presentadas desde el pasado mes de agosto, y acusan a personal de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SDUE) y a su titular, Alejandro Ricardo Lomelín Clapera. El expediente en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) se abrió por el delito de coalición de servidores públicos. 

De acuerdo a la funcionaria, se han desarrollado cinco clausuras a establecimientos de ese tipo desde que arrancó el presente gobierno, derivado de 26 operativos en distintos puntos de la ciudad. 

“La Sindicatura no ha dejado de trabajar, las investigaciones iniciaron desde el mes de agosto, se han llevado a cabo diversas diligencias, pero no son asuntos que se resuelvan de la noche a la mañana”, afirmó. Se han solicitado informes a las entidades involucradas, principalmente de la SDUE. No hay un plazo establecido para completar la investigación.

Gobierno engaña a la gente. 

En entrevista para Agencia Fronteriza de Noticias, Isabel Hernández Jáuregui, presidenta de Retos y Logros expresó que el año pasado una gasera explotó y provocó la muerte de dos personas.  

En ese sentido, dijo que la más pequeña de las gaseras instaladas tiene capacidad hasta de seis mil litros de gas; además de que a las personas se les engaña y se les informa de manera oficial que se trata de centros comerciales, y no de gaseras. 

Además, manifestó que si bien el Artículo 201 de la Ley expresa que debe haber una distancia de 350 metros de espacios donde haya personas, o habitacionales, algunas están “pared con pared” o a diez metros o menos. La mayoría de ellas fueron instaladas en la Zona Este de la ciudad. 

Esas gaseras comenzaron a ser instaladas en abril de 2017. Los responsables para la activista son Lomelín Clapera, además de Corina López Zúñiga y Ricardo Guereña Castro, titulares de las áreas de Uso de Suelo y Edificación. Hay por lo menos tres empresas involucradas.