TIJUANA BC 9 DICIEMBRE 2017 (AFN).- Integrantes del Grupo Político Tijuana solicitaron al presidente del Congreso del Estado, diputado Raúl Castañeda Pomposo, que se abra una investigación en contra de las ex regidoras del anterior ayuntamiento de Tijuana, Martha Rubio y Rosa Aurora Martínez, quienes habrían acaparado más 40 juegos de placas de taxi a través de prestanombres.

Entre los peticionarios figuran Mario Ochoa, Javier Martínez y Josefina Matus, que exigieron que esas placas fueran recogidas y posteriormente entregadas a los “verdaderos trabajadores del volante”.

Castañeda Pomposo aseguró que tomará cartas en el asunto y lo remitirá a la Comisión de Transporte del Congreso, que se encargará de revisarlo.

Sobre el tema del Dictamen 95 el legislador refirió que estarán pendientes de las acciones legales que puedan emprender algunos de los legisladores inconformes con la aprobación de dicho dictamen. Dijo que si por ley resulta que tienen que dar marcha atrás a esa votación, lo aceptarán.

Reiteró que la votación fue legal, que notificó a todos los diputados con tiempo y que no hubo madruguete, pues la sesión extraordinaria comenzó a las 8:00 de la mañana.

Insistió que no votaron la aprobación de las Asociaciones Público Privadas (APP) y que lo único que hicieron fue avalar la contratación que el gobierno estatal ya tenía con empresas que se encargarán de la construcción de la planta desalinizadora en Playas de Rosarito.

El legislador manifestó que a raíz de la aprobación del dictamen 95, grupos de manifestantes, específicamente Mexicali Resiste, se han vuelto más violentos hacia los diputados.

“Cada vez nos ha ido peor en cuanto estar aguantando las mentadas de mad.., las groserías y todo eso es atípico porque con ninguna legislatura había sucedido eso”, relató.

Señaló que han llegado a recibir amenazas de muerte o de agresiones físicas, por lo que anunció que va a “luchar hasta donde sea necesario con la ley” para llamar al orden y tener las mínimas garantías de seguridad.

El congresista indicó que aunque las sesiones son públicas y que entiende el enojo de la gente, queda de por medio la integridad de los trabajadores y de otras personas que acuden a la Cámara de Diputados, por lo que prefiere evitar que se dé una situación que termine en un “desenlace fatal”.