MEXICALI BC 5 DE DICIEMBRE DE 2017 (AFN).- Entre fuertes cuestionamientos de varios diputados opositores, el presidente municipal de Tijuana, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, presentó su proyecto de ley de Ingresos para 2018 ante el Congreso estatal, buscando 6 mil 980 millones de pesos para las arcas del Ayuntamiento que encabeza.

Gastélum indicó que su gobierno busca elevar las entradas en un monto de 421 millones 325 mil, 320 pesos, con medidas como eliminar la gratuidad en las reposiciones de credenciales para personas con discapacidad y placas azules de estacionamiento, así como elevando un 50% el cobro de las despensas mensuales que se entregan a familias de escasos recursos.

Ante ello, el diputado Luis Moreno Hernández lamentó que las políticas sociales “se verán afectadas por la ley de Ingresos”, exponiendo que, además de las medidas ya citadas, a partir del 1 de enero se pretenden elevar los costos de los servicios dentales para dichas familias, cobrándoles cada extracción dental a 150 pesos y tratándose de muelas del juicio a 500, una resina a 300, colocaciones de postes a 800, y de coronas a mil 500 y 3 mil, montos que “son precios de clínicas privadas”.

Moreno también fustigó el nuevo cobro que se hará a establecimientos por rótulos desde un centímetro cuadrado, donde se anuncien productos que se vendan en esos comercios, el cual irá de 308 a 616 pesos.

El asambleísta tijuanense recordó que “muchos abarroteros subsisten de darle publicidad a otras compañías más grandes”, recordando que “de por si tienen muchos problemas para competir con cadenas comerciales muy grandes que vienen a eliminar toda competencia”.

“Si ustedes van a las colonias y van a ese tipo de tiendas, se van a dar cuenta que están saturadas de publicidad, y es parte del apoyo que reciben dichas familias”, agregó.

De igual forma, cuestionó el nuevo impuesto a marchas cuya concurrencia sea desde una persona, el cual ascenderá a de 10 Unidades de Medida y Actualización (aproximadamente 800 pesos), pues Moreno dijo que “mucho de este coraje” que los ciudadanos han mostrado a la clase política, “se expresa a través de marchas”, por lo cual demandó “seguir permitiendo la libertad de expresión de la sociedad”.

Gastélum aceptó que los nuevos cobros en las consultas dentales “son las aportaciones que hacen los ciudadanos, en relación a lo que los mismos médicos les cobran, para efectos de recuperar lo que ellos tienen”.

Explicó que antes “estaba englobado en un solo cobro”, que era de 60 pesos, pero “ahora lo que se hizo, a manera de que fuera más justo, fue decir ‘tú (dentista) extraes una muela, (y) esto es lo que tienes que cobrar’”.

También aceptó el gravamen a las marchas, pues indicó que “son manifestaciones que deben de tener un orden (y) tienen cierto costo”.

Por su parte, el tesorero municipal, Ricardo Chavarría Morales, confirmó el cobro de anuncios relativos a marcas y productos que se vendan en los comercios: “En el momento que (el negocio) empiece a promocionar una empresa de refrescos o de papitas, entra un cobro”.

En su oportunidad, el diputado priista Marco Antonio Corona Bolaños Cacho solicitó buscar “una sinergia, poniéndonos de acuerdo con alguna estrategia que le vaya bien a Tijuana”, a fin de encontrar los recursos para implementar la seguridad social para agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, a fin de “darles esa tranquilidad a los policías que, día a día, se juegan su vida”

Afirmó que eso incrementará la honestidad y motivación en “aquel policía que sepa que su familia y él van a tener esa tranquilidad, al tener seguridad social”, e indicó que “podemos ser ejemplo nacional en esta materia”.

Corona recordó que la seguridad social a los policías municipales, avalada el 29 de septiembre pasado, incluye temas como pensión, jubilación, becas para los hijos de agentes fallecidos, a fin de que sigan estudiando hasta la universidad, proveerles prótesis, entregar pagos fúnebres a sus familias, así como ser sujetos de crédito para vivienda.

Ante la petición del tricolor para que ese tema se ponga en marcha, “así sea con un peso, dos pesos o tres pesos”, Gastélum reviró diciendo que los diputados deben solventar tal política y pidió que “nos asignen una cantidad de sus partidas”.

Tras ello, Corona mostró su preocupación de que, antes las revalidaciones y supervisiones mecánicas a las que se les obligan en 2018, los transportistas aumenten la tarifa, “y eso si les pega a los ciudadanos”, a lo cual Gastélum aceptó: “Que pudiera alguno intentarlo, no lo dudo”.

De igual forma, pidió una política más precisa en el desarrollo social, puesto que “si el Fisem, a través del ramo 33, lo orientamos realmente a esas zonas prioritarias, podemos darle un buen resultado, y podemos ser uno de los estados menos pobres”, recordando que “con un solo indicador que movamos en materia económica, alimentaria o de servicios básicos de la vivienda, le damos vuelta a la tablita y eso dará tranquilidad a las familias de Tijuana”.

Respecto a esa petición, Gastélum dijo que “la cobija es muy chica” y “debemos de brincar al área subsidiaria, de manera tal que enseñemos al ciudadano a que puede lograrlo por sí mismo”.

Otro asambleísta que cuestionó fuertemente al presidente municipal tijuanense fue Bernardo Padilla Muñoz, quien recordó que, de acuerdo con el artículo 18 de la ley de Disciplina Financiera, se obliga a los municipios a que se anexen, en su ley de Ingresos, un estudio actuarial de las pensiones de los trabajadores y la situación actual de sus pensionados, así como de los problemas de seguridad social que existan en el municipio, observando que, “dicho anexo no existe aquí y existen sanciones por ello, porque ya es una obligación nacional”.

También expuso que “aparecen en cero las multas de obras públicas”, en tanto “las multas federales las calculan en 911 mil pesos, que es una gran fuente de ingresos, porque de pura Profeco son de uno a 3 millones de pesos en multas, así que el estado las está reteniendo”.

Chavarría aceptó que no existe tal estudio notarial, porque “no tenemos los recursos necesarios para llevarlo a cabo”, pero prometió efectuarlo en el primer trimestre.

Respecto al cero en las multas de obras públicas, simplemente dijo: “Vamos a revisar, debe ser un error”, para luego indicar que crearía otro rubro lo que, recordó Padilla, ya no es tiempo legal de hacer.

Ante la indicación de Chavarría de que se han recuperado más sanciones pecuniarias que antes, Padilla hizo notar que “dicen que se han recuperado más, pero en lo que ustedes nos mandaron siguen los mismos números”, lo que llevó a que el tesorero admitiera que tiene una cartera de 2 mil millones de pesos en dichas sanciones pecuniarias, “muchas de las cuales ya están venciendo”.