TIJUANA BC 9 DE NOVIEMBRE DE 2017 (AFN).- Por presuntas agresiones perpetradas por un agente de la Policía Municipal a una mujer embarazada vendedora de dulces y refrescos en la garita de Otay, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Baja California abrió un expediente de investigación integrado en el folio 4546/2017. Por el aborto espontáneo sufrido producto de las agresiones recibidas. 

La ombudsperson del Estado, Melba Adriana Olvera Rodríguez dijo que la instancia a su cargo está en condiciones de solicitar medidas de protección para Rosa Mendoza, mujer que presentó la queja cuyo expediente “está en integración”. Además, explicó que la corporación policiaca sigue estando entre las más señaladas por violar derechos humanos. 

Sobre el embarazo y la posibilidad de que se haya interrumpido producto de las agresiones, Olvera Rodríguez refirió que en ese caso la mujer requeriría la reparación integral del daño, tomando en cuenta aspectos psicológicos morales y económicos. 

Sobre lo sucedido la víctima dijo

En entrevista la mujer agredida narró para Agencia Fronteriza de Noticias que el viernes 3 de noviembre tenía instalado su puesto de dulces en las inmediaciones de la avenida Josefina Rendón Parra a algunos metros del acceso de la Garita de Otay. 

Siendo las 9:30 horas arribó a su puesto la unidad 0911 de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) tripulada por el agente Eduardo Martínez Pabel, quien colocó la unidad detrás de su auto. 

Según el relato de la mujer de 36 años, el policía la exhortó a abrir su vehículo acusándola de dedicarse al narcotráfico, y de estar estacionada en franja roja, lo que ella negó.

Rosa explicó que el oficial le dijo que le iba a “correr el número de serie” para ver si su carro era robado. “Me dijo que le abriera mi carro porque yo pertenecía a un cartel muy grande y que probablemente dentro de mi carro yo traía droga”, contó.

Ella accedió a la revisión, pero empezó a grabar con la cámara de su teléfono celular las acciones de Martínez Pabel, pero al momento en que grabó su rostro, el policía se molestó y comenzó a agredirla. 

“Yo comencé a tomar video y en el momento en que le tomé poquito a la cara fue cuando se enfureció, me quitó mi celular, se lo guardó en su bolsillo, me empujó, me agredió, me golpeó por ‘hocicona’, y me dijo que eso me iba a servir para no volverme a meter ‘en caballo de cuatro patas’”, relató. 

Rosa refirió que el agente le propinó golpes en el abdomen y en las costillas, torcedura de brazo y mano. Inmediatamente después la detuvo y la presentó ante un juez municipal, quien le negó –afirma– la posibilidad de ver a un médico, ante los dolores abdominales que sufrió luego de los golpes (en ese momento Rosa tenía tres meses de gestación). 

“Al juez en ese momento no le importó, dijo que eso no importaba, que lo importante era resguardar la vida y la integridad del oficial, que él estaba para que él y yo llegáramos a un acuerdo”, -manifestó Rosa a AFN- Terminando la presentación ante el juez –aseguró- le regresaron su teléfono, pero el oficial borró todas los fotografías y videos que lo comprometían. 

Rosa denunció desde ese mismo día las agresiones ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y hasta ayer miércoles 8 de noviembre terminó de rendir su declaración. 

Con el apoyo de una periodista local– dice – se afilió al Seguro Popular y en el Hospital General de Tijuana (HGT) le hicieron el estudio que determinó “el aborto espontáneo”. “Estaba embarazada, -lamentablemente yo ya perdí el producto-. Me fui a hacer ultrasonido y todo”, dijo.

La mujer se acercó personalmente al alcalde Juan Manuel Gastélum Buenrostro. “Le pedí al presidente municipal apoyo. No quiso oír mi caso, solamente me canalizó con su asistente y con él (el asistente) me iban a dar seguimiento”. El asistente del alcalde tomó sus datos con la promesa de dar seguimiento a su caso. 

“El alcalde ni siquiera me escuchó, nada más me dijo ‘¿tiene Seguro Popular?’ le dije ‘no’, ‘no, pues muy mal’, me dijo ‘a ver, a ver, ahí que mi asistente tome tus datos y te canalice al Seguro Popular”, pero no sucedió. “El alcalde llevaba mucha prisa nada más me dijo que presentara mi denuncia en Sindicatura”.

Fue ayer, al presentarse al Ministerio Público cuando Rosa volvió a ver a su presunto agresor a bordo de otra unidad de la SSPM, y se escondió ante el temor de volver a ser agredida. 

Sindicatura solo ha abierto expediente Q-573/2017.