TIJUANA BC 17 DE OCTUBRE DE 2017 (AFN).- Carlos Barboza Castillo, ex regidor que en 2003 propuso y participó en la aprobación del Reglamento de Participación Ciudadana del ayuntamiento de Tijuana, señaló que no hay evidencia de que esa normatividad esté derogada o que ya no tenga vigencia tal y como declaró el edil presidente de la Comisión de Fortalecimiento Municipal, Roberto José Quijano Sosa. 

La duda respecto a si el Reglamento está vigente o no es clave para obligar al ayuntamiento a ejercer el plebiscito que propuso el Comité de Organizaciones Ciudadanas Independientes (COCI), que pretende que se reduzca el precio del transporte público y que no se concesione el servicio de alumbrado. 

En entrevista para Agencia Fronteriza de Noticias, el especialista en el derecho electoral consideró que el grupo ciudadano que coordina Carlos Atilano Peña debería agotar la instancia municipal, es decir, presentar una solicitud formal al gobierno de la ciudad, a través del secretario general de Gobierno, Raúl Felipe Luévano Ruiz, que ejecute el plebiscito, tal y como determinó el Instituto Estatal Electoral (IEE) en base a la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Baja California, y como dispone el Reglamento promovido hace 14 años por Barboza Castillo. 

El ex precandidato a la Presidencia Municipal de Tijuana lamentó que hayan pasado cuatro administraciones y lo que va del gobierno de panista Juan Manuel Gastélum Buenrostro sin que el Reglamento aprobado en 2003 redunde en la generación de un Consejo Municipal de Participación Ciudadana, instrumento clave para democratizar las acciones del gobierno de la ciudad. 

Sobre el punto de acuerdo en el que el IEE se declara incompetente para procesar el plebiscito que pidió el grupo de Atilano Peña, el además catedrático de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) explicó que aunque no violenta la Ley en términos de que refiere que el ayuntamiento cuenta con los recursos para hacerlo, sí se violenta un principio de derechos humanos – que debe estar incluso por encima de la Ley -, ya que se sabe de antemano que el gobierno de Gastélum Buenrostro no cuenta con el marco jurídico para hacerlo. Al romper con ese principio, dijo, se está violentando incluso el Artículo Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Es decir, se deja sin opciones a los miles de firmantes para ser consultados en dos temas básicos para la vida pública de los tijuanenses: el transporte y el alumbrado. Con ello, se está violentando un derecho humano fundamental a la participación ciudadana, que inclusivo ya redundó en una queja de ese ámbito. 

“¿Quién está violentando los derechos humanos? Es el Instituto con la declaración de incompetencia”, dijo, debido a que el ayuntamiento no fue requerido de manera formal. 

Consideró positivo que se haya interpuesto un juicio de derechos políticos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ya que el IEE violentó un derecho político. Para Barboza Castillo, los actos de democracia participativa como derecho político pueden ser visto como parte del marco de los derechos políticos que “son derechos humanos, es un principio”, aseveró. 

“El juicio de protección tendrá que ser conocido por el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California”, opinó el académico. Al ir directamente a la instancia jurídica federal, se corre el riesgo de que ésta lo remita a la local.

El especialista consideró que este caso podría resultar histórico para el Estado en términos políticos, y agregó que el omiso de la participación ciudadana en este caso es el ayuntamiento a cargo de Gastélum Buenrostro, ya que no ha emitido algún acto y haya incertidumbre respecto al Reglamento en la materia. 

“¿Cómo me explica que después de que lo hice yo en el 2003 todavía no está instalado el Consejo?”, cuestionó. 

Hizo énfasis en que solamente se puede derogar dicho Reglamento a través de una decisión expresa del Cabildo, lo que no hay evidencia de que haya sucedido hasta el momento, pese a las declaraciones realizadas por Quijano Sosa, que refieren que el reglamento está derogado por “ministerio de ley”. 

“Eso es una aberración jurídica increíble, porque ninguna persona física puede derogar un Reglamento si no es mediante el acto jurídico que le dio origen: el Cabildo”, detalló el catedrático, que agregó que ministerio de ley es cuando un ordenamiento más reciente ordenó la derogación de éste, pero hasta ahora no hay tal.