ENSENADA BC 9 DE OCTUBRE DE 2017 (AFN).- Luego de seis años de litigio para legitimar la propiedad de 380 mil metros cuadrados de tierra, ubicados en la zona turística y comercial de La Bufadora, el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California resolvió la suspensión del proceso por falta de causas que justifiquen acciones legales, debido a que las familias Álvarez y Díaz, asentadas en el ejido Esteban Cantú desde hace más de cinco décadas, acreditaron la legal propiedad.

El abogado Jaime Palafox Granados indicó que sus clientes perjudicados, Francisco Álvarez Vargas y José Díaz Contreras tienen un título de propiedad que data de 1963 y escritura de la propiedad citada, validados por la Procuraduría de la Reforma Agraria (ahora la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Sedatu) y debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio (RPPC).

Cabe recordar que habitantes del ejido Esteban Cantú lograron que el Juez Séptimo de Distrito dictara una orden de desalojo proveniente del juicio de Amparo 666/2010, porque “dolosamente” se omitió que había terceros perjudicados; es decir, los propietarios de los predios, no formaban parte del juicio, por lo que desconocían las razones y fundamentos jurídicos de la decisión judicial en el caso.

El abogado Palafox Granados indicó que debido a que el área propiedad de sus clientes integra gran parte de la zona comercial, han tenido que interponer recursos legales en el ámbito civil para que les sean liberados los locales comerciales; por lo que indicó que la orden de desalojo tendrá que realizarse para dar cumplimiento a la sentencia, en una fecha no definida determinada por la autoridad correspondiente.

Explicó que al ejecutarse la ley se dará vista a quien tenga derecho, será entonces cuando Vargas y Díaz, reclamarán su propiedad, ya que en el juicio, fueron admitidas y desahogadas diversas pruebas documentales y periciales en topografía, ofrecidas por las partes para acreditar la propiedad del inmueble.

Como parte de este proceso, el ejido se amparó contra los actos del Juez Primero de lo Civil y del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, pues pretendían que se les entregaran más de 14 mil metros cuadrados donde se ubica la zona comercial de esa zona turística.