• La Jucopo decidirá si los presenta en próximas sesiones

TIJUANA BC 4 DE OCTUBRE DE 2017(AFN).- La fracción panista en el Congreso del Estado y el gobierno estatal, deben asumir su responsabilidad en el tema de los dictámenes 94 y 95 que están impulsando, afirmó hoy Benjamín Gómez, presidente del Congreso local, tras reiterar que ambos proyectos no serán discutidos en el resto de la sesión legislativa que debe desahogarse en los próximos días, y que fue interrumpida el viernes pasado.

El diputado priista, aclaró, sin embargo, que si la Junta de Coordinación Política, que domina el PAN, retoma la intención de subir los dictámenes al pleno en próximas sesiones, en su posición de Presidente de la Mesa Directiva no tiene poder alguna para impedirlo.

El legislador asistió como invitado a la sesión de la Agrupación Política de Baja California, y asumiendo su posición como priista, justificó el proyecto sobre el Centro de Comando C5i, siempre y cuando la información integra sobre el mismo sea transparentado, pues el proceso de asignación del contrato y los compromisos financieros que esto implica fueron aprobados por la administración estatal.

El invitado fue cuestionado por el desempeño de la fracción priista en el Congreso del Estado, y varios de los presentes le demandaron impedir la consumación del dictamen que modifica el decreto 57 aprobado en diciembre pasado, a lo que Gómez respondió que fue la legislatura pasada, al aprobar la Ley de Asociación Publico Privada, la que abrió la puerta a las decisiones que hoy se están tomando en torno a proyectos de inversión otorgados a particulares.

Así como se aprobó, insistió, es el gobierno estatal por completo el que decide cómo y a quienes otorga contratos, y el poder legislativo no tiene intervención alguna en dicho proceso, porque así se diseñó la ley.

El diputado tecatense rechazó versiones de que los legisladores priistas estuvieran “maiceados” por el gobierno estatal panista para apoyar y aprobar las decisiones en materia de APPs, recordó que su posición como Presidente de la Mesa Directiva le limita a garantizar el buen desarrollo del proceso legislativo, pues el contenido de lo que se discute en el pleno es determinado por los integrantes de la Junta de Coordinación Política, en donde están representados ocho partidos pero donde tiene mayoría el Partido Acción Nacional.

Se deslindó también por otra parte, al precisar que él no preside la fracción priista en la legislatura, y que tanto la fracción, como la dirigencia estatal del PRI han fijado este fin de semana una clara postura respecto de la manifestación ciudadana que en días recientes se hizo presente durante la última sesión extraordinaria, que finalmente entró en receso y deberá concluirse en los próximos días.

También rechazó el señalamiento de haber satanizado tales movimientos ciudadanos, de quienes simplemente están ejerciendo el derecho a manifestar el hartazgo social por la corrupción a que ha llegado la presente administración estatal. 

“Yo he sido muy prudente en la parte institucional pero no voy a permitir que las pulgas se le carguen al perro más negro que soy yo”, respondió en otro momento.” La responsabilidad es del ejecutivo, la responsabilidad es del PAN que tiene la mayoría en el congreso y que está impulsando este tipo de dictámenes pero también es responsabilidad de quienes aprobaron esa ley (de APPs)”.

Gómez dijo que en su opinión la propuesta de ampliar el C4 para convertirlo en C5i es aceptable porque fue modificada para que ya no se otorgue contrato bajo esquema de una APP sino bajo la modalidad de un contrato multianual a 10 años, y que reduce el costo de 1,200 mdp a solo 800, y en este sentido la fracción priista está decidida a no escatimar en el tema de la seguridad pública, aunque señaló que el esquema de asignación de contrato y los pormenores del mismo son decisión del gobierno estatal y es este el que debe dar las explicaciones necesarias así como transparentar y “socializar” el proyecto.

Existe, informó, una propuesta y una discusión interna en la fracción del PRI para proponer la modificación de la Ley de APPs, más que la abrogación, a fin de incorporar candados que garanticen la transparencia en la decisión de proyectos de obra y asignación de contratos.