TIJUANA BC 10 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (AFN).- De amenazas y hostigamiento acusan al delegado de Sánchez Taboada, Salvador Lujano Reyes "El Chon", por parte de vecinos del asentamiento irregular conocido como Callejón Artículo 124, localizado en las inmediaciones del fraccionamiento Infonavit Cachanillas. 

Maribel Rodríguez Serrano, residente de la comunidad desde hace 12 años, dijo estar amenazada de ser desalojada de su hogar por el funcionario y ex locutor:

"Dice que estamos en una zona de alto riesgo, aseguró que le preocupamos en zona de alto riesgo y que nos van a sacar de este lugar", dijo. En el asentamiento localizado en la ladera de un cerro radican más de 60 familias. 

A pesar de ser irregular, los habitantes del asentamiento - compuesto en su mayoría por hogares de madera - cuentan con servicio de energía eléctrica proporcionado desde 2016 por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). En contraste, la Comisión de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) no ha iniciado actividades para instalar el servicio de agua potable. 

Los habitantes entrevistados por Agencia Fronteriza de Noticias dijeron desconocer al dueño o los dueños de los terrenos en los que habitan, pero aseguran que Lujano Reyes les dijo que es el ayuntamiento el propietario de esos inmuebles, y que serían removidos de ahí sin plan alguno de reubicación. 

"Nosotros no queremos vivir de a gratis, nosotros queremos que nos den los servicios, estamos pidiendo que nos pongan el agua y que nos conecten al drenaje ,que nos regularicen. No queremos estar aquí de a gratis, queremos tener los servicios como mucha gente los tiene", comentó Maribel.

Los vecinos aseguraron que Lujano Reyes, cuando fue candidato a legislador en el Distrito 16, prometió un puente y escaleras para las laderas del asentamiento, por lo que su actitud cambio al llegar al gobierno de la ciudad; incluso mostraron un documento en el que el locutor se comprometía. Los afectados han tenido dificultad para encontrar al dueño de los terrenos, al que buscan para poder comprar los terrenos y radicar en el lugar de manera legal ,manifestaron haber sido humillados por el funcionario por no saber quién es el dueño de los terrenos por el que construyeron sus casas.

La Asociación Mexicana de Ingenieros Constructores (AMIC) decidió dar un apoyo a la comunidad; el titular, Víctor Manuel Escobar Sánchez, señaló que será asesoría en las gestiones con el ayuntamiento y ayudarlos en la localización de los propietarios para que arranquen los procesos de regularización. 

"A todos ellos los quieren desalojar, estamos viendo la manera de que el gobierno los apoye, porque el delegado de la Sánchez Taboada es el que lo ha venido a asustar", explicó. 

Para ello, la AMIC buscó el apoyo de la Federación Estatal de Barras de Abogados (FEDABO) para que los asesore en la parte legal.  El titular del órgano colegiado, Francisco Gerardo Salcedo García, detalló que es necesario hacer un dictamen de la situación jurídica para conocer la manera en que pueden ser ayudados ante las presuntas intimidaciones del ex locutor. 

"Tenemos que iniciar una investigación para conocer los antecedentes de la propiedad", manifestó y puso en primer término la necesidad de que el gobierno - en cualquier nivel - les dé derecho de audiencia, para que "se respeten sus derechos" si la autoridad inicia cualquier procedimiento de desalojo, ya que la ocupación les otorga ese derecho de ser llamados a juicio.

"Tijuana es una ciudad que se caracteriza por tener mucha tenencia de la tierra de forma irregular", consideró. Sobre los actos de intimidación, Salcedo García, dijo no tener aun conocimiento concreto de los mismos, aunque hay que atender si el gobierno pretende desalojarlos. El gobierno tendría que tener dictámenes que establezcan que el Callejón Artículo 124 es una zona de alto riesgo, y si los desalojan el gobierno tendría que apoyarlos con una reubicación.

Por su parte, Escobar Sánchez declaró que el apoyo de la AMIC está relacionado con "vigilar la tenencia de la tierra, encontrar al propietario y dar algún dictamen por la supuesta zona de riesgo, y que se actuara conforme a Derecho", finalizó. Todos los entrevistados dijeron a estar dispuestos a pagar las propiedades si pueden localizar al propietario.