TIJUANA BC 9 DE AGOSTO DE 2017(AFN).- El Gremio de Choferes Mexicanos negó haber sobornado a la magistrada Flora Arguiléz para la obtención de una suspensión provisional a favor suyo, y rechazó las afirmaciones e insinuaciones que en ese sentido hizo el Director de Transporte Municipal, Javier Salas.

 

“En relación a ese tema, lo único que puedo comentar es que se desconoce, tajante, lisa y llanamente y categóricamente ese hecho, sin embargo si la autoridad manifiesta esos hechos que acuda ante las autoridades correspondientes a interponer la denuncia”, dijo Luis Liera Rochín, abogado del Gremio de Choferes Mexicanos.

 

Liera fue contratado para promover la defensa jurídica del gremio ante la decisión del 22 ayuntamiento de retirar los taxis amarillos de los sitios y lanzadera, sobre los que tenía permiso de uso, y defendió el derecho de la agrupación a oponerse a este acto de autoridad por haber sido ejecutado violentando la ley.

“Estamos tranquilos porque todo se ha hecho conforme a la legalidad, conforme al derecho que le asiste a estas personas de defenderse contra los actos de autoridad y todo esto se está ventilando en un aspecto meramente jurídico”, respondió el abogado.

 

En tales condiciones, será una autoridad imparcial la que va a decidir si los actos del ayuntamiento fueron legales o no. “Si fueron legales pues la autoridad va a poder mantener su acto de autoridad y el gremio no puede regresar (a los sitios) y si fueron ilegales obviamente se va a declarar la nulidad de sus actos y las consecuencias administrativas en lo personal para las autoridades que actuaron irregularmente”, añadió.

 

Hasta el momento, agregó, el gobierno municipal se ha hecho acreedor a multas de tres y seis meses de salario mínimo por desacatar la suspensión provisional otorgada a favor de los taxistas amarillos, y estas sanciones pueden aumentar a nueve y 12 meses de salarios mínimos, entre las medidas de apremio que el tribunal puede dictar.

 

Considerando que la ley otorga a ambas partes, igualdad de plazos para que cada quien haga valer lo que a su derecho convenga dentro del proceso, así como la posibilidad de que lo defienda ante diferentes instancias, el asunto podría tardar de uno a dos años en resolverse de manera definitiva, explicó.