TIJUANA BC 9 DE AGOSTO DE 2017 (AFN).- El conocido cantante Julión Alvarez  y el afamado futbolista Rafa Márquez fueron vinculados con narcotráfico por el gobierno de Estados Unidos, por lo tanto les fueron canceladas sus visas y sus cuentas bancarias quedaron congeladas.  

Mediante comunicado del gobierno de Estados Unidos dio a conocer que ambos están relacionados con una amplia investigación mediante la cual detectaron más de 40 empresas que están vinculadas con individuos involucrados con el narcotráfico. La investigación se hizo  en coordinación con autoridades mexicanas.

Según la información disponible la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro identificó a Raúl Flores Hernández de nacionalidad mexicana y a la organización denominada “Flores” como “Narcotraficante Especialmente Designados de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros (Ley Kingpin)”.

De la misma forma el gobierno de Estados Unidos y la OFAC también designó a 21 ciudadanos mexicanos y 42 empresas en México a las que señala de prestar apoyo a las actividades de tráfico de drogas de Raúl Flores Hernández y la organización de narcotráfico Flores, por ser propiedad o estar bajo el control de ésta, sus miembros y asociados de confianza. 

Esta es, según dijeron, la mayor acción individual que OFAC ha tomado bajo de la Ley Kingpin contra una red de cárteles de la droga en México y como resultado de esta acción,  todos los bienes de los mencionados que estén bajo la jurisdicción de los Estados Unidos o bajo el control de ciudadanos estadounidenses quedaron congelados, y se prohíbe a los ciudadanos estadounidenses realizar transacciones con ellos.

Por su parte, la Procuraduría General de la República (PGR) en México confiscó también este día,  bienes que pertenecían a Raúl Flores Hernández y a su organización criminal, incluyendo el Gran Casino de Guadalajara.

El gobierno estadounidense informó que la acción realizada es el resultado de una investigación que la OFAC llevó a cabo durante varios años, que fue coordinada con la Administración Antidrogas, la Unidad de Investigaciones de Seguridad Interna, la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza y el gobierno de México. 

También se hizo saber que esto es parte de un gran esfuerzo conjunto con los autoridades y agencias del gobierno de México, incluyendo la PGR y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México, para utilizar sanciones financieras, entre otras herramientas, para interrumpir las organizaciones mexicanas de tráfico de drogas.

Sobre Raúl Flores Hernández se dio a conocer que ha operado de manera exitosa por décadas debido a su larga relación con otros cárteles de la droga y la utilización de “testaferros” financieros para enmascarar sus ganancias procedentes de la venta de drogas ilegales”, expresó el Director de la OFAC, John E. Smith. 

“Esta acción importante refleja la cooperación estrecha entre el gobierno de los Estados Unidos y la procuración de justicia mexicana con el fin de detener el flujo ilegal de narcóticos, y para señalar y exponer a los capos de la droga y los que facilitan sus redes financieras ilícitas”.

Aunque opera independientemente, Raúl Flores Hernández conserva alianzas estratégicas con el liderazgo del cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. Sus vínculos con estos cabecillas de los cárteles de la droga han permitido que la organización criminal Flores funcione con éxito desde los años 80 en Guadalajara, Jalisco, así como en la Ciudad de México. En marzo de 2017, las acusaciones federales de tráfico de drogas fueron devueltas al Distrito de Columbia y el Distrito Sur de California contra Raúl Flores Hernández, según se advierte.

También se dijo que la organización criminal Flores incluye a varios miembros de la familia Flores Hernández y asociados de confianza, con los cuales “él se apoya en gran medida para llevar a cabo actividades de tráfico de drogas y lavado de dinero y como testaferros”. 

Los miembros de la familia Flores Hernández  que fueron identificados y señalados como tales, son: María Icela Chávez Martínez, Felipe Flores Gómez, Kevin Sebastián Flores Chávez, Sendy Flores Castro, Moisés Flores Esparza, Saúl Flores Tinajero, Oscar Armando Jiménez Hernández, e Irma Lizet Damián Ramírez. Los asociados de Flores Hernández designados hoy incluyen a Fernando Gustavo Álvarez Peralta, Diego Ayala Romero, Linda Elizabeth Campos Tirado, Efraín y Omar Caro Urias, Hugo Iván y Víctor Manuel Carranza Zepeda, Jose Antonio Cordero Cárdenas, y Mario Alberto Fernandez Santana. 

El comunicado indica que varias de estas personas poseen o controlan una serie de empresas mexicanas dentro de la red de negocios de la organización criminal de Flores. Sorpresivamente, la designación OFAC de hoy también incluye al futbolista profesional Rafael Márquez Álvarez (Rafa Márquez), y a Julio César Álvarez Montelongo (Julión Álvarez) “un cantante norteño mexicano” que ha hecho varias presentaciones en Tijuana.}

De ambos se afirma que han estado vinculados durante mucho tiempo con Flores Hernández, y que han actuado como “testaferros” para él y su organización de narcotráfico, además de que mantenían bienes en su nombre. También fueron señalados en esta investigación: Mauricio Heredia Horner y Marco Antonio Fregoso González por actuar a nombre de Rafa Márquez.

Las 42 empresas son de una amplia gama de industrias y servicios en México, que incluyen deportes y recreación, salud y rehabilitación, restaurantes y bares, hospitalidad y turismo, juegos de azar y producción de música. Varias empresas clave designadas,  incluyen, según se advierte: un club de fútbol mexicano, el Club Deportivo Morumbi, Asociación Civil; El Gran Casino en Guadalajara, Jalisco; Camelias Bar, S.A. de C.V. y Nocturnum Inc, S. de R.L. de C.V., que han dirigido populares bares y restaurantes en Guadalajara; un centro de rehabilitación deportiva, Prosport & Salud Imagen, S.A. de C.V.; y una empresa de producción musical, Noryban Productions, S.A. de C.V.  

La mayoría de éstas están registradas en el estado de Jalisco, y otras dos están registradas en el estado de Sinaloa.  Otras operan sucursales en varios otros estados, incluyendo Michoacán y Coahuila.

Desde junio del año 2000, más de 2,000 empresas e individuos han sido nombrados conforme a la Ley Kingpin por su participación en el tráfico internacional de narcóticos, señala textual el comunicado, que establece que las sanciones por violaciones a la Ley de Cabecillas fluctúan entre penas civiles de hasta  un millón 437 mil 153 dólares  por cada violación hasta penas criminales más severas. Las penas criminales para directivos de empresas puede ser de hasta 30 años de prisión y multas de hasta 5 millones de dólares.  Las multas criminales para empresas pueden alcanzar los 10 millones de dólares.  Otros individuos pueden enfrentar hasta 10 años de prisión y multas de conformidad con el Título 18 del Código de los Estados Unidos por violación criminal a la Ley Kingpin.