• Invade ayuntamiento competencia federal, dice juez

TIJUANA BC  25 DE JULIO DE 2017 (AFN).- Una residente de Playas de Tijuana obtuvo el amparo de la justicia federal contra el cobro del Impuesto municipal al Alumbrado Público, y podrá incluso reclamar la devolución del dinero que le ha sido descontado por ese concepto por el gobierno de la ciudad.

Miles de tijuanenses más tienen ya la misma posibilidad, luego que un tribunal en Michoacán determinó que el ayuntamiento está invadiendo la esfera federal con la disposición de aplicar el citado impuesto en la Ley de Ingresos 2017, explicó José Ángel Peñaflor Barrón, abogado defensor de la tijuanense Ana Melody Reyes Castorena, que decidió proceder legalmente contra el cobro del mismo.

El juicio de amparo fue resuelto por el Juzgado sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con sede en Uruapan, Michoacán, cuya conclusión es que “el consumo de electricidad no resulta proporcional al servicio referido ya que, se reitera, dicho uso no incide en el costo del servicio público brindado. Por tanto, la contribución regulada en el precepto transcrito implica un gravamen sobre el consumo de energía eléctrica”.

Lo anterior, dice el tribunal, “envuelve la invasión de la esfera de competencias del Congreso de la Unión”, pues se trata de un impuesto contenido en una legislación emitida por un congreso local, pero además, “no podía regularse el impuesto en función de la electricidad utilizada”.

El juez Iván Gabriel Romero Figueroa ordena a la Comisión Federal de Electricidad abstenerse de cobrar el gravamen, y al tesorero municipal, regresar a Reyes Castorena, cualquier cobro que por ese concepto se le haya hecho en lo que va del año.

Este, dijo el abogado Peñaflor Barrón, y ha sido llevado a los tribunales en otras regiones del país. En el caso de Tijuana pocos habitantes, principalmente de clase media o empresarios, habían decidido usar el recurso legal pero lo ideal es que se use masivamente.

No obstante, aclaró el abogado, en materia eléctrica los mexicanos no hemos sabido reclamar la aplicación del subsidio para la gente de la tercera edad y sectores vulnerables, ni exigir que haya un consumo de energía eléctrica social. Esto debiese estar previsto en la ley por tratarse de dentro de los cuatro o cinco derechos humanos reconocidos internacionalmente.

En otros países, precisó, fuentes de energía que benefician al ser humano como la calefacción, energía eléctrica, agua y gas, son objeto de un subsidio de carácter social para la población por estar previstos en leyes federales y locales, y podría sentarse un precedente.