TIJUANA BC 04 DE JUNIO DE 2017 (AFN).- Los regidores pertenecientes a la bancada del Partido Encuentro Social en el Cabildo de Tijuana buscarán invalidar el contrato que el gobierno de la ciudad celebró con la empresa turbofin para la renta de los camiones recolectores de basura, informaron los ediles Manuel Rodríguez y Mónica Vega.
En conferencia de prensa en palacio municipal, los representantes populares explicaron que, en primer término, una de las ilegalidades que han detectado en la celebración del convenio, es que la firma de autorización den contrato no fue del Alcalde Juan Manuel Gastélum, único facultado para signar acuerdos como el realizado para el arrendamiento de las unidades.
Para los ediles, luego de haber obtenido copia del convenio que el Alcalde Gastélum se negó a compartir, han podido asegurar que pueden demostrar “los oscuros intereses” que existen ante el acuerdo pactado con turbofin, por lo que requerirán al gobierno municipal la cancelación del documento legal, a la vez que pedirán la publicación de una convocatoria abierta para que el Ayuntamiento pueda dar el servicio de recolección de basura.
Aseguraron que funcionarios del gobierno de la ciudad como la oficial mayor, María de los Ángeles Olague Contreras y el director de Servicios Públicos Municipales, Víctor Raúl López Alcaraz, han incurrido en un delito por ser ambos funcionarios quienes signaron el convenio, esto de acuerdo a lo establecido por el Reglamento de Adquisiciones, Contrataciones y Arrendamiento de Tijuana.
Según el citado reglamento, “se establece que la renta podía haberse hecho por causa de fuerza mayor o fortuita y esto no se hizo al no avalarse la situación de emergencia sanitaria decretada por alguna autoridad de salud pública. Me parece cobarde que funcionarios se presten a este encubrimiento, es grave que se les incite a estas actitudes que generan opacidad y denigran a la administración pública municipal”, añadieron los regidores.
Rodríguez y Vega sostuvieron que con este convenio, se ha mostrado las intenciones del gobierno encabezado por Gastélum de privatizar el servicio de recolección.
Dentro de las inconsistencias que el PES encontró en la celebración del contrato, es que se establece un anticipo de 26 millones de pesos y no se informa para qué concepto es ese monto lo que no le da seguridad jurídica; así como el de una cláusula donde se dicta que todas las refacciones compradas por el Ayuntamiento pasarán a formar parte de la propiedad de la empresa.
Señalaron que otra de las irregularidades, es que se firmó una cláusula de confidencialidad, siendo que al tratarse de dinero del erario público, no se puede privar a los ciudadanos del conocimiento de estos acuerdos, añadiendo que los funcionarios que firmaron tienen que saber que va a haber sanciones administrativas por preparar el camino al presidente para desviar recursos.
Revelaron que con el pago de 202 millones de pesos, que es lo que se pagará a la empresa por dar el servicio el resto del año, se pudieron haber comprado hasta 164 camiones recolectores.
“Si sindicatura va a seguir actuando como abogada del alcalde y no de la ciudadanía debe de removida del cargo. Y si el alcalde va a seguir impulsando este tipo de contratos, lo que se necesitará es que un abogado defienda al Ayuntamiento del alcalde, porque la principal amenaza a las arcas públicas es el mismo alcalde”, finalizaron.
Mientras tanto, los representantes del PES adelantaron que aún siguen analizando con su equipo jurídico todas las implicaciones del contrato del cual obtuvieron copia, por lo que no descartaron ampliar la información obtenida en torno a ello y luego de ello, emprenderán las acciones legales pertinentes para invalidar el documento.
