Promueven penalizar fraude con tierras
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Promueven penalizar fraude con tierras

TIJUANA BC - miércoles 21 de junio de 2017 - AFN.
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TIJUANA BC 21 DE JUNIO DE 2017 (AFN).- El Instituto Nacional de Suelo Sustentable (antes Corett) en Baja California, está promoviendo ante el Congreso del Estado, una reforma para castigar penalmente a quienes incurren en fraude al promover asentamientos humanos sin los servicios correspondientes ni la previa regularización legal y cumplimiento de las normas relacionadas con este tipo de desarrollos, dijo hoy el delegado de la dependencia en Baja California, Gilberto Covelli Gómez.

El funcionario dijo hoy que el problema que representa este tipo de conductas es de gran consideración, y que al menos el 50% del territorio bajacaliforniano se encuentra irregular y sin embargo es ocupado y convertido en sede de asentamientos humanos sin servicios, ni equipamiento urbano, y violentando las normas que en materia de uso de suelo, construcción, fraccionamiento y comercialización de orden estatal y municipal existen.


Lamentablemente, esto que ya es considerado un delito y se le conoce como fraude equiparado, solo se puede denunciar si alguien se siente agraviado directamente en todo ese proceso, y es víctima del mismo. Si no hay querella de por medio la autoridad no procede por iniciativa propia, comentó Covelli.

Para dimensionar el tema, uso como ejemplo el caso del comercio irregular y no controlado de bebidas alcohólicas, que bien podría incurrir en un delito de lesividad social y contra lo cual existen actos y sanciones diversas, sin embargo “el que lotifique y comercialice de manera irregular y evada las leyes y reglamentos de planificación y otros, y que también comete un delito similar, no tiene ninguna consecuencia”.

Una reforma a las normas legales en el estado, podría convertir estas conductas en un delito de lesividad social, y permitiría a cualquier ciudadano denunciar este tipo de actos por los efectos nocivos que tienen en el desarrollo urbano, social, y otros ámbitos de la vida de una ciudad.

Los mismos gobiernos estatales  y municipales, que son responsables de hacer valer las normas en materia de uso del suelo, ocupación y desarrollo de la tierra, contribuyen a este desorden y escenario de irregularidad, señaló Covelli.

Es responsabilidad del Instituto Nacional de Suelo Sustentable, poner orden en todas zonas consideradas de orden federal, como las existentes alrededor de los cauces de ríos y arroyos, pues con las nuevas facultades que tiene, puede no solo regularizar legalmente la propiedad, sino propiciar su desarrollo sustentable en asociación con iniciativa privada y los gobiernos de orden estatal y municipal.

La importancia que esto tiene para una entidad es clara, agregó Covelli, porque por lay no se pueden canalizar recursos públicos a través de programas sociales o de otro tipo, en predios legalmente irregulares porque se incurre en responsabilidad legal. Esto cancela la posibilidad de apoyar a sus habitantes con tales programas.

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